Juan Carlos Galindo: La quiebra de los derechos humanos en Afganistán

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Juan Carlos Galindo
Agencia de Información Solidaria (AIS).
España, octubre del 2002.

"Había alrededor de 25 contenedores. Las condiciones eran horribles porque los prisioneros no podían respirar. Entonces dispararon. Muchos prisioneros murieron. En Sheberghan dejamos a los pocos que aún daban signos de vida. Hice tres veces el viaje y cada vez llevaba a 150 prisioneros (...). Éramos 10 ó 15 conductores haciendo el mismo camino."

Las palabras de este camionero afgano constituyen uno de los múltiples testimonios recogidos por Jaime Doran en su documental "Masacre en Mazar". El nuevo documento ha arrojado luz sobre uno de los puntos más oscuros de la actuación de los Estados Unidos en la última guerra de Afganistán: la violación de los derechos humanos y del derecho internacional de guerra.

La historia comienza en la batalla decisiva para la derrota de los talibanes: la conquista de Mazar-e-Sharif por las tropas del general uzbeco Dostum. La suerte de los 15.000 prisioneros es confusa. La atención internacional se centra entonces en la prisión de Kalai Janghi, donde cientos de prisioneros talibanes tienen en jaque a la Alianza del Norte y a las fuerzas especiales británicas (SAS) durante tres días. Tras el asedio y los bombardeos, ni un solo superviviente. Sin embargo los acontecimientos más importantes se desarrollan días después en otra prisión: Kalai-Zeini, en la carretera que lleva de Mazar a Sheberghan. Allí habían sido destinados 3.000 presos talibanes. Su viaje acabó a cuatro kilómetros de la prisión, bajo toneladas de arena, en una fosa común en el desierto en la provincia de Dasht-e Leili. Los testimonios de diversos testigos -camioneros, generales de la Alianza del Norte y vecinos de la zona- no dejan lugar a dudas.

Ante las pruebas presentadas por el semanario Newsweek el 26 de agosto, el gobierno de EEUU reconoce que en Dasht-e Leili hubo una matanza y que había soldados americanos en la prisión de Sheberghan (a tan sólo unos kilómetros), pero que no habían visto nada. Importantes medios de comunicación (Le Monde, The Guardian y Newsweek entre otros) piden una investigación oficial dirigida por la ONU. A ellos se suman numerosas organizaciones, entre ellas la ONG norteamericana "Psicólogos por los Derechos Humanos" que lleva años trabajando en Afganistán. Esta ONG ha pedido al gobierno afgano y al secretario de Defensa norteamericano Donald Rumsfeld que vigilen la zona donde ocurrieron los hechos para evitar cualquier modificación. No parece que vayan atender la petición. No es éste, sin embargo, el único caso de violación impune de los derechos humanos. Tampoco el de una investigación oficial de esclarecimiento boicoteada y abortada por las autoridades estadounidenses.

Ocurrió lo mismo en julio a raíz del bombardeo por aviones norteamericanos del pueblo de Kakrakai donde se celebraba una boda. Resultado: cuarenta y ocho muertos y ciento dieciocho heridos. En este caso, la investigación realizada por expertos de la ONU fue rechazada por la propia organización a instancias del gobierno de EEUU. Después se aceptaron los resultados del estudio llevado a cabo por expertos estadounidenses. Aunque entre los guerreros afganos la venganza, la traición, la tortura y el asesinato son habituales, Washington no puede encontrar ahí argumentos para cometer o justificar violaciones de derechos humanos.

Es necesaria una investigación internacional para esclarecer cada caso, para determinar la responsabilidad del ejército de los Estados Unidos en la cadena de mando de esa Alianza difusa que derrotó a los talibanes. El tiempo se acaba y las pruebas pueden desaparecer. No es la primera vez que ocurre. Peor aún: puede que no sea posible investigación alguna. O que sus resultados no sean vinculantes para el Estado culpable. No, al menos, en el caso de Estados Unidos. Asistimos al derribo de un normativa legal internacional que aún está en proceso de construcción y que augura posibilidades inéditas de impunidad.