Baltasar Garzón Real: La lucha contra la impunidad

Reflexión que figura en el libro Cuento de Navidad. Es posible un mundo diferente cuyo autor es el Juez Baltasar Garzón Real, presentado en Valencia (España) el pasado 6 de julio. El presente texto ha sido reproducido en Al Sur del Sur por Página Digital gracias a la autorización de Ediciones de la Tierra. El juez ha cedido íntegramente los derechos de autor y los beneficios de la venta del libro a los diversos proyectos de cooperación y desarrollo emprendidos por la Fundación de Artistas e Intelectuales por los Pueblos Indígenas de Iberoamérica.

El premio Nóbel de la Paz Elie Wiesel dijo con referencia a los horrores de la Segunda Guerra Mundial que "en Auschwitz había muerto el hombre y la idea del hombre". El fiscal Richard Glodstone, en la inauguración del primer juicio celebrado ante el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia en noviembre de 1994, dijo: "Después de la Segunda Guerra Mundial (...) la comunidad internacional esperaba el inicio de la nueva era. Una era en la que los Derechos Humanos de todos los ciudadanos de todos los países del mundo serían universalmente respetados. No fue así. La comunidad internacional no había previsto ningún mecanismo para establecer la culpabilidad de los perpetradores y penarlos".

Los horrores de la Segunda Guerra, cualitativamente, han vuelto a mostrar su presencia a lo largo de los años hasta nuestros días, en muchas partes del mundo. En todos los conflictos ha habido una constante en las violaciones masivas de Derechos Humanos: la impunidad.

Es cierto que, entre las grandes conquistas del siglo XX, frente a estas violaciones, se cuenta la obtención de una conciencia universal de defensa de los Derechos Humanos; como vía de superación de la discriminación entre los seres humanos, el respeto a la dignidad de toda personal, el concepto universal de víctima; y como crisol de todos esos valores supremos del ser humano, en el campo ético, político, económico y social, la democracia.

Concepto y sistema que alcanza su verdadero sentido en la medida que garantiza y protege aquellos derechos, al permitir una mejor identificación de los violadores de los mismos y garantizar la persecución y el castigo de los culpables. O por lo menos así debería ser.

La democracia es incompatible con la impunidad y la erradicación de esta es la mejor defensa que puede tener aquella; es incompatible con el uso indebido del poder, con la utilización de medios ilícitos para obtener unos fines que, aunque a corto plazo pueden ofrecer frutos positivos, a la larga gangrenan o socavan el propio sistema de derecho. Decía Albert Camus en su obra La Peste: "... Sin embargo, es preciso que le haga comprender que aquí no se trata de heroísmo. Se trata solamente de honestidad. Es una idea que puede que le haga reír; pero el único medio para luchar contra la peste es la honestidad. ¿Qué es la honestidad?, no sé que es. Pero en mi caso sé que no es más que hacer mi oficio".

Es decir el único medio de acabar con la impunidad es la Justicia y su exigencia firme y honesta. La lucha contra la impunidad no es responsabilidad exclusiva del Estado, es misión de todos los ciudadanos individualmente y de la Comunidad Internacional. El compromiso por su erradicación es el compromiso de todos mediante una actuación coordinada y eficaz. Una de las armas de aquellos que se protegen de la acción contra la impunidad es buscar la desidia y la descoordinación.

En todo caso, cierto es que el Estado es el primer responsable y tiene la obligación de someter a la acción de la Justicia a los autores de estos crímenes. El estado y la Justicia tienen la obligación de resarcir a las víctimas como única vía que les permita recuperar su dignidad perdida por la acción criminal y por la denegación de justicia posterior. Sin embargo, son demasiadas las veces, a lo largo de la historia de la violencia, en las que las víctimas han sido las olvidadas, aquellas de las que se puede prescindir y en definitiva aquellas que incluso "estorban" para "solucionar" los conflictos. ¿Acaso las víctimas han estado alguna vez en la mesa de negociaciones?

Estoy convencido: la impunidad es la herencia negativa de la sociedad que deja una marca en la conciencia individual y colectiva de un pueblo o de una sociedad determinada que les impide dar respuesta adecuada a los problemas presentes y futuros que les afectan.

En definitiva, la impunidad, sea cual fuere su origen, altera la historia y produce consecuencias sobre la familia y el propio entorno social en el que se desarrolla: deforma el conocimiento crítico de lo cotidiano, de la información, o de la participación política. Allá donde reina o ha reinado la impunidad, se produce una especie de vacío que no se llena con meras reflexiones teóricas, sino con una actitud crítica y una acción beligerante frente a ella.

La inactividad es tanto como una especie de culpabilidad consciente y, además, constituye la base para que la impunidad se extienda a otros campos y finalmente contribuye en forma decisiva a que el fenómeno criminal vuelva a producirse. Quizás deberíamos preguntarnos qué tipos de conductas generan la impunidad, y cómo es posible que la sociedad que la padece, salvo un contado número de personas, se transforme en sentido negativo -a veces ni siquiera por miedo- desentendiéndose del fenómeno o asumiendo un papel complaciente y acrítico, y en definitiva, cómplice con los autores de las atrocidades a los que justifica y apoya, vota o simplemente no rechaza. Por ello, no es descabellado afirmar que la impunidad sigue vigente en tanto en cuanto los autores y cómplices que participaron en su gestación y desarrollo, o que contribuyeron a su permanencia, continúen ejerciendo directa o indirectamente el poder social, mediático, judicial, policial o político, lo cual les permite protegerse de cualquier intento investigador o sancionador, sea este policial, judicial o simplemente histórico. Esta pasividad consciente les permite continuar desarrollando una actividad ilícita (fascismo, terrorismo, genocidio, represión), incompatible con la defensa de los Derechos Humanos sobre los que se basa una democracia.

"El bacilo de la peste, -decía el doctor Rieux- no muere ni desaparece jamás, puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa y esperar pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y puede llegar un día en que la peste (el fascismo, la represión, la guerra, el terrorismo) para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y les mande a morir en una ciudad dichosa". La pasividad, la apatía o la aceptación de esa situación se convierten en los elementos idóneos para que el fenómeno de la impunidad perdure. Un ejemplo lo hemos tenido en todos los acontecimientos que se han vivido después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono de Estados Unidos y lo tenemos hoy en el conflicto que enfrenta a Israel con Palestina.

Se ha producido un adormecimiento en la sociedad en general respecto de los valores y de la defensa del Estado de Derecho, ocultándose datos o prescindiendo de los más y elementales preceptos que garantizan los Derechos básicos. Y todo ello con la aquiescencia o la actitud silenciosa de todos los que tenían la obligación de alzar la voz para decir ¡BASTA!

Occidente y sus jerarquías políticas, militares, sociales y económicas han estado más ocupados en el progreso abusivo y vergonzante de la producción, la especulación y el beneficio globalizados, que de una adecuada redistribución de la riqueza. O de la lucha contra la marginación y la pobreza, ...de una política de exclusión, incluso se aprueban "estados de emergencia nacional" frente a la "temida" inmigración evitándose adoptar una auténtica política de inclusión social equitativa y justa que respete la diversidad. Esa diversidad que exige el reconocimiento de los derechos y autonomía de las nacionalidades indígenas y el respeto a la forma de vida y organización de las mismas.

La lucha por la supervivencia y contra la pobreza se debaten en los foros internacionales, pero al margen de que algunos países han llegado incluso a sobrepasar la tasa del 0,7% del Producto Interior Bruto y de que varios líderes hablan de una "coalición mundial contra la pobreza", lo cierto es que la ayuda al desarrollo y la eliminación de la deuda externa, así como la aplicación de las ayudas a aquellos fines que se consideran esenciales para la atención integral de las personas, están lejos de conseguirse y de que se pase de las palabras a los hechos, dando prioridad a estos planteamientos y no a los que lo hacen, con el gasto militar sobre el humanitario para "garantizar" la paz.

Sin embargo estos últimos planteamientos, olvidan que la paz y la libertad duraderas nunca vienen de la mano de la violencia, sino de aquella que sostiene la legalidad, la Justicia y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa y la defensa de los Derechos Humanos... "En definitiva, no se puede construir la paz sobre la miseria o la opresión del fuerte sobre el débil"... porque aquel que nada tiene nada puede perder. Por ello, la paz deberá ser una construcción que aúne esfuerzos, educación, cultura, tolerancia y desarrollo, que le den sentido, coherencia y duración. Es el caso de Israel. El ejército de Israel bajo las órdenes del Primer Ministro Ariel Sharon ha destruido literalmente el 17% del Territorio de Cisjordania y el 60% de Gaza, que son los territorios bajo la autoridad formal de la Autoridad Nacional Palestina, y aún sigue exigiendo que Yasir Arafat dé una respuesta de seguridad que sin embargo es imposible.

La solución no está en lo que Arafat haga, sino en lo que Israel debe hacer. Es decir, la supuesta inactividad de uno no puede justificar la falta de actividad del otro. En definitiva, se deberá reconstruir literalmente todo aquello que se ha destruido condenando a miles y miles de personas a la miseria, en una especie de socialización del terror que nunca puede justificarse por el hecho de que se sufran atentados terroristas, por muy graves que sean. En España, desgraciadamente tenemos experiencia en este ámbito.

La historia de la impunidad en todos los pueblos está jalonada por grandes discursos de justificación y de múltiples llamadas a la prudencia y a la mesura en la exigencia de responsabilidades a los perpetradores, para no quebrantar, se dice, la fragilidad del Estado. Son frecuentes las invocaciones justificadoras de luchas, por supuestas causas justas para el pueblo y en defensa del pueblo, pero la realidad, la auténtica realidad, es que detrás de todo esto se oculta la verdadera intención de aquellos que la propugnan: la auto-protección y la propia seguridad frente a la de los ciudadanos a los que primero se engaña, luego se persigue por discrepar y finalmente se eliminan. Esta es la situación recurrente a la que se ha visto abocada la humanidad en muchas facetas de su historia.

Cuando esta historia es escrita por los victimarios, la "justicia" se diseña partiendo de la justificación o la necesidad de la actuación y estableciendo la impunidad como una consecuencia necesaria de la misma. Esto realmente supone la ausencia de toda justicia por cuanto esta si a alguien persigue en tales casos es a las víctimas, negándoles todo acceso a la misma y sometiéndolas no sólo a una denegación de otro derecho fundamental, sino también a una nueva humillación y tortura que ello supone, uniéndose a las que durante tanto tiempo vienen sufriendo.

En este mundo al revés, la impunidad borra toda historia diferente a la oficial, ¡única que conviene recordar! Pero como dice el cantante popular Lito Nebbia:

"Cuando no recordamos lo que nos pasa
nos puede suceder la misma cosa.
Son esas mismas cosas que nos marginan,
nos matan la memoria,
nos queman las ideas
Nos quitan las palabras.
Si la historia la escriben los que ganan
Eso quiere decir que hay otra historia
la verdadera historia
Quien quiera oír que oiga".

Históricamente han existido intentos de eliminar la realidad cruel que ha vivido el siglo XX. Desde el olvido inducido, como si no hubieran existido el genocidio, las masacres, las desapariciones forzadas de personas; hasta el olvido ordenado por ley, bien en forma de leyes de Punto Final, Obediencia Debida, o de Auto-amnistías o Indultos generales. El denominador común de todos estos intentos y planteamientos es la inexistencia de un análisis de las causas y el cierre en falso del fenómeno que, so pretexto de garantizar la estabilidad política, lo que persigue es garantizar la impunidad como "solución política adecuada".

Es curioso que exista una urgente necesidad de finalizar las investigaciones sobre tales execrables hechos, porque se dice que ello puede afectar la estabilidad del país, la economía, las relaciones exteriores... y que no se ponga igual énfasis en sancionar las causas que la generaron y castigar a los culpables, confundiendo así la seguridad del Estado Democrático que impondría esta investigación, con la seguridad personal de aquellos que violaron las normas básicas de convivencia y que buscan la impunidad. En definitiva los perjudicados por esta denegación de justicia no sólo son las víctimas inmediatas, sino toda la comunidad y el propio sistema de derecho, porque a todos ellos se pretende imponer el olvido y desdibujar o anular su memoria. "Memoria y olvido -como dice Juan Goytisolo- son elementos complementarios e inseparables en nuestros vidas".

Es evidente que el hombre no puede con el peso de una memoria absoluta y total; por eso necesita desdibujar y seleccionar, para olvidar lo que incomoda y retener sólo lo que no molesta. El ser humano apuesta por aquellas parcelas de sus recuerdos que más le interesan o más se acomodan a sus necesidades. El resto lo eliminamos. No existe. Esto, que puede constituir un elemento básico del equilibrio para el ser humano cuando así lo decide libremente, es lo que los responsables de las violaciones masivas de Derechos Humanos han pretendido hacer siempre e imponer, prescindiendo de la voluntad de los propios ciudadanos.

La historia de los pueblos evidencia que el olvido interesado o la manipulación de acontecimientos poco gloriosos, junto con la exaltación de las proezas, es algo consustancial al devenir de los tiempos y de los gobernantes para su mayor gloria, pero que siempre actúa en contra de la sociedad y del pueblo.

La impunidad se apoya, entre otras cosas, en la base del olvido, que trata a toda costa de imponerse de forma oficial.

Sin embargo, este tipo de olvidos, desde el lado de las víctimas, nunca podrán eliminar la experiencia personal vivida por cada mujer, cada hombre y peor aún cada niño, en el camino hacia la degradación y aniquilación en cada uno de esos casos, en los que la agresión se produce. Por eso las voces que postulan el olvido y el silencio pueden estar justificadas políticamente, pero nunca moralmente, porque prescinden de las víctimas que asisten inertes a una ceremonia de falsedades y justificaciones oficiales que confunde el interés de unos pocos con el derecho de todos los ciudadanos a exigir justicia.

¿Dónde queda el acuerdo o conformidad de la víctima?

El olvido, el perdón o la memoria constituyen derechos inalterables de las víctimas y a estas corresponde administrarlos.

Por otra parte, los olvidos impuestos no duran y, el fantasma del pasado, para el responsable, vuelve en forma recurrente y demuestra la falsedad del planteamiento, porque coincidiendo con Salvador de Madariaga "... aquellos que olvidan la trascendencia de unos hechos, más que en su miseria que en su grandeza, están condenados a repetirlos."

Se impone pues la exigencia ética y la necesidad moral del conocimiento profundo de los hechos y se hace precisa una disección de los mismos, aún cuando ello suponga una catarsis que enfrente al Estado y a los ciudadanos a ese pasado y que obligue a limpiar la herida y a la correcta sutura de la misma mediante la aplicación de la Ley. Si no se hace así, jamás será posible la reconciliación. Antes o después el fenómeno volverá a reproducirse, porque como decía Willy Brandt "... permitir la primera injusticia es abrir la puerta a todas las que le siguen."

La democracia es la piedra angular de la convivencia por la seguridad que transmite a sus ciudadanos, proporcionándoles unos derechos básicos, los mecanismos de defensa y protección de los mismos y, a través de ellos, por la posibilidad de erradicar la arbitrariedad y la corrupción de los poderes públicos y garantizar el principio de igualdad ante la Ley con la existencia de un Poder Judicial equilibrador de los otros dos poderes del Estado, y atento defensor del Estado de Derecho a través de la aplicación independiente e imparcial de la Ley que no puede existir si una parte de la sociedad se encuentra por encima de la misma.

Por otra parte, la Impunidad no sólo corrompe a la sociedad, sino que también trata de socializar la perversa idea de que todo está permitido y que nada puede ocurrirle al opresor, lo que facilita que se restauren comportamientos y actitudes intrínsecamente corruptos en todos los rincones del Poder, que acepta una "democracia a tiempo parcial" con tal de permanecer en el ejercicio del mismo, sin enfrentarse al pasado, apoyando el uso de ese poder sobre el olvido y la ausencia de memoria, y haciendo recaer sobre las propias víctimas la responsabilidad de la situación. Con ello ocultan su propia ineficiencia, ineptitud o falta de valor para erradicar la impunidad y permitir el deterioro social de la comunidad, en ver de vertebrarla y protegerla.

La política del "todo vale" o "todo está permitido", constituye el germen o virus que puede acabar con la propia idea del Estado Social y de Derecho, y abre las puertas al divorcio absoluto entre el ciudadano y la clase política por la que ya no se siente representado, sino más bien traicionado o engañado. Esa situación que algunos países como Italia, Guatemala o Argentina, han vivido o viven, debe alertarnos sobre la posibilidad de la fractura del propio Estado y la involución del mismo.

De ahí que resulte esencial y trascendental la misión que en este campo compete a los poderes democráticos, entre ellos al Poder Judicial, que se constituye en el último baluarte del ciudadano.

La inactividad de los miembros de este Poder del Estado, o la mera complacencia con dicha situación, pueden convertirse en el mejor elemento para eliminar toda posibilidad de supervivencia democrática de un pueblo. El juez tiene un papel esencial, y debe ejercerlo con la dedicación que exige, las necesidades de la sociedad y los ciudadanos cuyos derechos debe defender.

La lucha contra la impunidad debe ser un compromiso ético, frente a todos. No debemos olvidar que frente a los crímenes de genocidio o de lesa humanidad no cabe impunidad. Esto significa que no debe confundirse inmunidad con impunidad, como desgraciadamente sucede con demasiada frecuencia. El papel del juez, nuevamente, es esencial.

La historia del siglo XX muestra innumerables hechos que acreditan esta situación: del genocidio armenio, ningún alto responsable o Jefe de Estado respondió; de las masacres en la Unión Soviética durante los años 30, nadie respondió; del genocidio Tibetano, que continúa hasta hoy, nadie respondió; de las masacres en Vietnam, Indonesia, Camboya... nadie ha respondido; del genocidio maya en Guatemala (más de doscientos mil muertos, cuarenta mil desaparecidos, un millón de desplazados, doscientos cincuenta mil huérfanos y cuatrocientas cincuenta aldeas arrasadas son citas elocuentes) nadie ha respondido e incluso su posible máximo responsable ocupa la Presidencia del Parlamento de Guatemala; de la represión durante los años del franquismo en España, nadie ha respondido...

Frente a todos estos crímenes, sistemáticamente se ha aducido para justificar la impunidad, que se trataba de actos oficiales protegidos por la inmunidad de la función. Sin embargo, difícilmente se pueden incluir en esa categoría todos aquellos crímenes contrarios al ius cogens.

Por ello, los crímenes de genocidio, guerra o lesa humanidad, no pueden ser considerados como actos oficiales a los efectos de ser amparados por la inmunidad. Y, desde luego, no puede paralizarse la investigación judicial frente a los mismos alegando aquella, mientras no se adopten actos de autoridad.

Estas reflexiones me conducen a preguntarme, como lo hace el admirado por tantas razones Ernesto Sábato, "... ¿en qué clase de sociedad vivimos?, ¿qué democracia tenemos donde los corruptos viven en la impunidad y al hambre de los pueblos se la considera subversiva?"

La crítica al Poder Ejecutivo, al Legislativo y Judicial que estas palabras comportan es tremenda y probablemente merecida; debería hacernos reflexionar sobre el modelo social, político y económico en el que vivimos y al que aspiramos, y revisar los valores básicos que constituyen la esencia de la convivencia. Probablemente sea necesaria una auténtica revolución, o simplemente la recuperación de valores como la solidaridad, la responsabilidad, la cooperación, el servicio público..., que han constituido los motores del progreso y de la democracia.

Nada puede justificar el olvido de los crímenes cometidos contra los ciudadanos, y mucho menos cuando estos son los más desfavorecidos. No podemos olvidar, como en caso del pueblo maya de Guatemala, que sus lenguas han sido consideradas dialectos, su espiritualidad brujería y ellos políticamente "pasivos" porque no se "integran" en la nación guatemalteca.

La situación, como se comprueba, es ciertamente paradójica. Lo cierto es que ni las circunstancias, las crisis económicas, las relaciones exteriores, los conflictos armados, internacionales o la globalización, pueden suplir la obligación del Estado y sus instituciones de luchar contra la impunidad por todos los medios legales disponibles, y contra la total indefensión de las víctimas y sus familias. Camus refleja muy bien esta idea cuando Tarrou, amigo del doctor Rieux, poco antes de morir y como explicación a los riesgos asumidos por él y otros tantos en la lucha contra la pena de muerte, el fascismo, la guerra, le dice: "Sé únicamente que hay en este mundo plagas y víctimas y que hay que negarse tanto como le sea a uno posible a estar con las plagas. Esto puede que le parezca un poco simple, y yo no sé si es simple verdaderamente, pero sé que es cierto tantos razonamientos que han estado a punto de hacerme perder la cabeza y que se la han hecho perder a tantos otros, para obligarle a uno a consentir en el asesinato, que he llegado a comprender que todas las desgracias de los hombres provienen de no hablar claro. Entonces he tomado el partido de hablar y obrar claramente, para ponerme en el buen camino. Así que afirmo que hay plagas y víctimas y nada más... Por esto decido ponerme al lado de las víctimas para evitar estragos. Entre ellas, por lo menos, puedo ir viendo como se llega a la tercera categoría, es decir, a la Paz".

El Estado, a través de sus Instituciones y en particular de la Administración de Justicia, tiene el deber ineludible de perseguir a los culpables estableciendo, tras un juicio justo, su responsabilidad; pero también tiene el deber esencial de proteger a las víctimas y sus familias, garantizarles el derecho a la justicia y a conocer la verdad, no sólo como víctimas o familiares de las mismas, sino como parte de la sociedad en general. El derecho a la verdad es un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a la información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos, y a la vez un derecho particular de los familiares de las víctimas que permite una forma de reparación, en particular en los casos de aplicación de leyes de Amnistía. Pero la recuperación de la memoria a través de las Comisiones sobre la Verdad o Reconciliación no es incompatible con la exigencia real y efectiva de Justicia. Es importante resaltar, como lo hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los Jesuitas asesinados en El Salvador en su resolución de fecha 22.12.99, que el valor de las Comisiones de la Verdad es que su creación no está basada en la premisa de que no habrá juicios, sino en que constituyen un paso en el sentido de la restauración de la verdad, y oportunamente, de la justicia.

La Comisión de la Verdad no puede ser equivalente a impunidad, porque ello podría contradecir la propia esencia de dicha Comisión. La función judicial debe quedar expresamente reservada, y es precisamente a través de esta, como se puede restablecer el equilibrio, atendiendo no sólo a las instancias nacionales sino también, en forma subsidiaria o complementaria, mediante la aplicación del principio de Justicia Penal Universal, a otras instancias Judiciales Internacionales o de otros países que en ningún caso actuarán en sustitución de la jurisdicción nacional, salvo cuando la actuación no sea posible por normas que la impidan y sean contrarias al Derecho Penal Internacional y al Derecho Humanitario, o cuando la inactividad sea la regla.

Cuando esta posibilidad se plasma en actuaciones concretas exige una serie de apoyos necesarios para hacerlas efectivas; es esencial la Cooperación Jurídica Internacional, que debe ser impulsada y no bloqueada por el Poder Ejecutivo so pretexto de principios como el de la territorialidad o de soberanía.

Frente a este tipo de crímenes contra la humanidad no hay ni puede haber fronteras; toda la Comunidad Internacional es víctima de la agresión, y por ende cualquiera debe actuar. La Justicia Penal Internacional es una de las garantías más eficaces contra la impunidad.

Las fronteras de un país ya no pueden parar la acción de la justicia, porque esta no tiene fronteras. La universalización de la misma, a través de una efectiva cooperación judicial, con la desaparición de la extradición como mecanismo obsoleto dirigido en estos casos no tanto a garantizar la justicia como a proteger al victimario, es una realidad que se va abriendo paso lentamente pero con base firme, aunque todavía despierte reticencias. Como contrapunto de eficacia, si se impone la no entrega, el sistema judicial propio, si no lo hubiera hecho ya, debe romper las barreras de la impunidad de los delitos de torturas, genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo, todos los cuales entran en la categoría de crímenes internacionales. La nulidad de las Leyes de Amnistía de la Corte Interamericana (sentencia de 14 .03.01, caso Barrios Altos de Perú), o de Obediencia Debida y Punto Final (sentencia de 06.03.01 del Juez Gabriel Cavallo; y de diciembre 2001 de la Corte de Apelaciones de Argentina), la creación de los Tribunales Penales ad hoc (ex Yugoslavia y Ruanda) y la Corte Penal Internacional, se incardinan en esa inercia desplegada en los últimos años, y responden todos a esa necesidad de poner fin a la Impunidad.

En definitiva la lucha contra la impunidad es no sólo la lucha por la libertad y la justicia, sino también por la paz, y en esa lucha continua quienes más activos tienen son las diferentes asociaciones, fundaciones o colectivos que mantienen viva la memoria exigiendo justicia y que tanto han contribuido en la generación y desarrollo de iniciativas como la del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional de 1998, que sin duda debe su andadura inicial a ese conjunto de ONGs que luchan por su implantación y que el día 11 de abril de 2002 superó el número mínimo de 60 países, ascendiendo a 67 el 16 de mayo, para entrar en vigor el 01.07.02.

En este sentido, la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de 26 es muy esclarecedora y resalta también la importancia de la llamada Sociedad Civil y las Organizaciones No Gubernamentales. La Comisión subraya la importancia de luchar contra la impunidad: Para prevenir violaciones de los Derechos Humanos. Para prevenir violaciones del Derecho Humanitario Internacional, e insta a los Estados a que actúen en el mismo sentido, en especial con respecto a las mujeres. Esta resolución reconoce que es esencial para la rehabilitación y la reconciliación el conocimiento público del sufrimiento y de la verdad acerca de los autores de esas violaciones, y subraya la importancia de adoptar todas las medidas posibles y necesarias para que responsan ante la justicia los autores de violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Humanitario Internacional, respetando las debidas garantías procesales y prestando la asistencia y cooperación concreta y práctica con miras a alcanzar los objetivos descritos. (…)