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| 5 de noviembre del 2002 |
La Insignia. Venezuela, noviembre del 2002.
La tenaz oposición que el actual gobierno republicano de los Estados Unidos viene ejerciendo contra el viraje a la izquierda de la política latinoamericana, constituye el fenómeno de mayor trascendencia dentro de la historia reciente del hemisferio. Incluso los propagandistas de la Casa Blanca han acuñado ya la etiqueta maniquea del eje del mal para identificar la convergencia, sobretodo en América del Sur, de una diversidad de movimientos sociales y políticos alternativos que han comenzado a alcanzar posiciones de gobierno en Venezuela, Brasil y, en los próximos días, probablemente en Ecuador, si el coronel Lucio Gutiérrez resulta victorioso en los comicios del 24 de noviembre. Si sumamos a estos tres casos el contundente apoyo indígena y campesino logrado por Evo Morales en las pasadas elecciones bolivianas, la resistencia de las poblaciones del sur del Perú contra la privatización de la industria eléctrica intentada por Toledo, las movilizaciones masivas de la sociedad civil argentina que provocaron la caída de De la Rúa, el fortalecimiento de la izquierda congregada en el Frente Amplio de Uruguay, la radicalización de la lucha armada en Colombia y la resonancia internacional lograda por los zapatistas mexicanos; estamos frente a un cuadro de agudización de la confrontación entre quienes defienden la implementación de las políticas de libre mercado promovidas por la Casa Blanca desde la época de Reagan, y quienes se oponen a ellas para hacer valer los derechos de las mayorías empobrecidas y excluidas del continente.
Estas tensiones están provocando también la reagrupación de las fuerzas reaccionarias de derecha que, con el apoyo de la administración Bush, comienzan a cerrar filas en torno a dos objetivos estratégicos cruciales para la globalización imperialista: la instauración del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la derrota político-militar de los gobiernos y movimientos populares de América Latina y el Caribe. De hecho, estas premisas han venido orientando el desempeño de los gobiernos entreguistas de la región como el de Vicente Fox, cómplice de la aniquilación de la producción agrícola e industrial mexicana provocada por el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y el endurecimiento de las políticas contra la inmigración hispanoamericana en los Estados Unidos. También responden a estos objetivos: el recrudecimiento, promovido por Uribe Vélez, de la confrontación armada contra los movimientos insurgentes de Colombia; la dolarización de las economías de El Salvador y Ecuador; la desarticulación del Mercosur como resultado del unilateralismo de las políticas económicas adelantadas por Domingo Cavallo en Argentina; la división de la Comunidad Andina de Naciones mediante el otorgamiento de preferencias arancelarias diferenciales a cambio del apoyo local a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo; y, finalmente, la oposición feroz y antidemocrática de los grupos económicos poderosos, los medios privados de comunicación social y la vieja clase política corrupta, contra el gobierno revolucionario del presidente Hugo Chávez. En efecto, la crisis recesiva por la que atraviesa en la actualidad el capitalismo global, obliga a las corporaciones norteamericanas a asegurarse un espacio de expansión económica que les permita contrarrestar la creciente influencia de la Unión Europea y el bloque asiático en los mercados mundiales. De ahí que tanto el ALCA como el control político-militar de América Latina y el Caribe, constituyan un imperativo estratégico para la preservación de la hegemonía planetaria de los Estados Unidos. Su obsesiva determinación de apuntalar en la región a gobiernos serviles de extrema derecha y contener el empuje de las organizaciones populares, no responde a otro propósito que garantizar la rentabilidad del capital industrial y financiero del Norte, mediante la eliminación de cualquier competidor económico o adversario político contrario a sus intereses. Esta circunstancia pone en evidencia, una vez más, la ceguera histórica de algunos sectores reaccionarios del empresariado latinoamericano, hoy amenazado de extinción no tanto por el fantasma del castrocomunismo (como pretende hacérselo creer el secretario de estado Otto Reich), sino por el dominio total de la producción, las finanzas y el comercio hemisféricos por parte de las corporaciones norteamericanas de llegar a concretarse el proyecto imperialista del ALCA. Los prejuicios clasistas y racistas les impiden ver que el verdadero enemigo de su prosperidad no está en las masas empobrecidas que claman por un nuevo orden social, sino en la alianza perversa entre el capital transnacional y una dirigencia política disciplinadamente entrenada para subastar su conciencia al mejor postor. En este contexto, hoy resultan paradigmáticos los casos de Argentina y México para ilustrar los nefastos efectos sociales, políticos y económicos que desencadenará el programa neoliberal que se pretende implantar definitivamente a escala continental; si las fuerzas populares no logramos hacerle frente mediante la construcción de un modelo de desarrollo alternativo, afincado en la cooperación regional, que garantice la equidad económica, la justicia social, la sustentabilidad ecológica y la autodeterminación política y cultural de nuestros pueblos en los albores del tercer milenio. En síntesis, una etapa inédita de luchas sociales se abre frente a nosotros, en la que se decidirá una centuria más de sumisión ante el terrorismo económico, político y militar que el Coloso del Norte pretende imponerles a todas las naciones de la Tierra; o la concreción definitiva del sueño de Bolívar en el suelo soberano de la América Latina. |
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