Patricio Pazmiño Freire: El caso de «la duda ilegítima» con Noruega (II)

Cancelar las deudas ilegítimas es luchar contra la impunidad y la corrupción
y proteger los derechos humanos

La deuda con Noruega debe ser considerada como " ilegítima" desde varios puntos de vista: ético, financiero, jurídico y social. Desde el punto de vista ético, el préstamo no pretendía ser una "ayuda al desarrollo del Ecuador", sino más bien un auxilio para la industria naviera noruega. El Parlamento de Noruega, de manera oficial, y con no poco eufemismo, ha declarado a este proceso de endeudamiento como "deuda vergonzosa"; por otra parte, la necesidad de colocar estos préstamos hizo que la Agencia Noruega GIEK relajara los mecanismos de control y otorgara créditos a empresas de países en desarrollo sin un análisis previo de su real capacidad de pago.

Desde el punto de vista económico, el incremento de la deuda responde a un sistema financiero internacional que impone las condiciones de negociación , en este caso bajo los acuerdos con el Club de París, auspiciado por las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), como son el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM); en muchos casos estas condiciones financieras no tienen en cuenta las condiciones de la economía y su capacidad real de pago, imponiendo plazos y tasas de interés que no se encuentran acordes con la realidad de los países y tampoco del contexto internacional, ocasionando de esta manera moratorias en el pago del servicio y por tanto, pagos por intereses de mora y renegociaciones a altas tasas de interés.

Desde el punto de vista jurídico, el hecho de que el Estado Ecuatoriano haya asumido la mayor parte de la deuda comercial privada de la Flota Bananera Ecuatoriana (FBE) y de Transnave, sin ningún tipo de beneficio o rédito en el uso de los barcos, refleja un proceso de corrupción a nivel gubernamental que de manera injustificada privilegia a estas empresas y constituye una flagrante violación de los derechos de la población ecuatoriana, puesto que desvía recursos para el pago de la deuda externa, omitiendo las obligaciones legales internacionales y nacionales de garantizar y proteger los derechos económicos, sociales y culturales de la población ecuatoriana.

Desde el punto de vista social, la compra de los barcos y el pago de la deuda por parte del Estado no ha representado beneficios para la población ecuatoriana, verdadero deudor-pagador de esta deuda, puesto que los beneficios reportados por estos barcos fueron para ambas empresas navieras, actualmente liquidadas, mientras que la deuda sigue siendo pagada por el Estado. Con el dinero que ha pagado el Estado ecuatoriano hasta el momento, 26,7 millones de dólares, más lo que resta por pagar, 50 millones, el pueblo ecuatoriano podría mejorar, aunque sea de manera mínima, sus condiciones de vida, ya que este valor representa la mitad del presupuesto del sector salud para un año, o la generación de 40.000 empleos durante un año.

Esta deuda ilegítima ha sido pagada en demasía y por lo tanto exigimos su cancelación y no el canje, como pretenden los gobiernos de Ecuador y Noruega, y algunos sectores sociales del Ecuador que no están debidamente informados. Promover el canje de esta deuda es auspiciar la impunidad y la corrupción que ha enriquecido a los acreedores extranjeros y a grupos de interés nacionales a costa del empobrecimiento de la mayoría de ecuatorianos.

La sociedad civil ecuatoriana, la prensa y los sectores de opinión debemos demandar no solamente la cancelación de la deuda, sino proponer al gobierno ecuatoriano que exija una indemnización por los perjuicios económicos causados, partiendo de que esta deuda esta viciada de ilegalidad desde su origen, cuando el gobierno noruego concedió el crédito.

El CDES considera que este caso podría abrir las puertas para establecer ciertas reglas de juego novedosas para tratar el tema del endeudamiento y la renegociación de la deuda externa con consideraciones diferentes a las tradicionales. Se puede demandar que la discusión de estos procesos sea transparente y de amplia difusión, que se invite a terceros independientes que aseguren que los acreedores no sean juez y parte; incluir la noción de reparación justa para el país; que se exija auditorias internas para identificar otros casos de deudas ilegítimas para impedir la continuidad de la impunidad de quienes han participado y se han beneficiado de estos procesos, tanto desde el gobierno como desde el sector privado, buscando la correspondiente sanción legal.

Una lección importante que deja este caso es la imperiosa necesidad de participación de la sociedad civil en el control y monitoreo del endeudamiento público para impedir que el Estado contraiga este tipo de deudas ilegítimas y corruptas, que han sido tan nocivas para los intereses de la población ecuatoriana, así como para no olvidar otras deudas onerosas e igualmente ilegítimas, como la que pagamos todos los ecuatorianos, desde hace mas de quince años, por la construcción de la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal, con un préstamo del BID que comenzó con un préstamo de 15 millones y que hoy alcanza un endeudamiento de 150 millones de dólares y aun no terminan de construirla.

Finalmente esta deuda puede ser objeto de una campaña internacional de cancelación puesto que bajo este procedimiento, y con los mismos fines, se otorgaron créditos a 27 países del mundo.