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| 15 de mayo del 2002 |
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Colombia ¿Nuevo escenario de la guerra global?* (I) Valeria Wainer y Pablo Stefanoni
Luego de la desaparición de la Unión Soviética, EE.UU. se ha convertido en la única superpotencia realmente global. Ninguna otra nación del planeta cuenta con semejante capacidad militar ni intereses distribuidos en tanta cantidad de países. Por eso, los mega atentados ocurridos el 11 de septiembre en su corazón militar y financiero -y las represalias que lo sucedieron- han trastocado el conjunto de las relaciones internacionales. La lucha del "bien" contra el "mal", sintetizada en la repetida frase "o se está con EE.UU. o se está en contra", le ha permitido a los "halcones" que dominan la administración republicana, reemplazar al viejo enemigo comunista por uno nuevo: el terrorismo.
En su discurso sobre el Estado de la Unión -pronunciado el 29 de enero- el presidente Bush precisó aún más su visión de la guerra contra el terrorismo, al señalar que entre sus objetivos no solamente se encuentran los terroristas y quienes los apoyen, sino también los regímenes hostiles que intenten desarrollar armas de destrucción masiva que amenacen a EE.UU. Y señaló a Irán, Irak y Corea del Norte como potenciales objetivos de futuras acciones militares, al alertar que dichos países constituyen un eje del mal (an axis of evil) que plantea un grave y creciente peligro para EE.UU (1). En este mundo transformado en un potencial escenario de la cruzada contra el terrorismo global, adquiere un nuevo significado la intervención norteamericana en Colombia y, desde allí, en el conjunto de la zona andina. Las categorías dicotómicas que conforman el discurso belicista del gobierno de Bush ("bien contra mal", "ellos o nosotros") sirven para justificar el uso del financiamiento militar norteamericano, anteriormente restringido a la lucha contra el narcotráfico contra los movimientos guerrilleros, los movimientos campesinos y demás fuerzas populares, previa asimilación a la categoría de "terroristas". Colombia va a la guerra: El fracaso del proceso de paz En la noche del 20 de febrero el Presidente de Colombia, Andrés Pastrana, dio por terminadas las negociaciones de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) mediante un discurso en el que hasta se invocó la protección de Dios y del Arcángel San Miguel. La razón formal de la decisión presidencial -tomada poco antes de finalizar su mandato- fue el secuestro del senador y presidente de la Comisión de Paz en el Congreso, Jorge Gechen Turbay, quien viajaba en un avión con 30 pasajeros que fue desviado de su ruta (Neiva-Bogotá) y obligado a aterrizar en una carretera de Huila, departamento ubicado en el centro del país. Sin embargo, esta decisión de consecuencias imprevisibles parece estar motivada por una combinación de elementos que conforman el nuevo contexto en el que quedó inserto el conflicto colombiano. El vuelco de Pastrana hacia la "opción militar" se materializó en la operación Tanatos -nombre del dios griego de la muerte- lanzada con el objetivo de recuperar el control estatal de la otrora zona de distensión y acabar con la infraestructura guerrillera. Casi inmediatamente, aviones militares y helicópteros comenzaron a bombardear distintos puntos estratégicos de lo que fuera el escenario de las conversaciones de paz, un área de 42.000 km2 controlada por la guerrilla y transformada -según Pastrana- en una guarida de secuestradores, un laboratorio de drogas ilícitas y un depósito de armas, dinamita y carros robados. El entramado jurídico que posibilitó más de tres años de conversaciones entre el gobierno y la principal fuerza guerrillera se ha derrumbado: la decisión gubernamental puso fin a la zona de distensión y al reconocimiento político de las FARC como fuerza beligerante, al tiempo que se reactivaron las órdenes de captura contra los representantes de la guerrilla y se revocó la autorización a los municipios de la zona desmilitarizada para crear los cuerpos cívicos de convivencia (integrados por miembros de las instituciones del Estado y de la guerrilla). Las FARC -una fuerza que cuenta con alrededor de 16.000 combatientes- respondieron con una ola de sabotajes a la infraestructura energética, vial y de comunicaciones, que instaló en el seno del gobierno una discusión sobre la conveniencia de declarar el "estado de conmoción interna", una alternativa resistida por algunos sectores, que ven en esa medida un perjuicio para la imagen de Colombia ante la comunidad de negocios internacional. ¿Pero, qué cambios en el contexto nacional e internacional determinaron este punto de inflexión y la vuelta a la opción militar? ¿Hubo convicción para la paz detrás de la puesta en escena de la mesa de diálogo? La política del palo y la zanahoria: el Plan Colombia El actual contexto nacional e internacional es muy diferente de aquel que predominaba en 1998, cuando se inició el diálogo entre el gobierno del recientemente electo Pastrana y las FARC. En aquella oportunidad la balanza se había inclinado hacia los partidarios de una "salida política". Tanto las clases dominantes colombianas como el Departamento de Estado norteamericano habían concluido que no era posible derrotar en el terreno puramente militar a una guerrilla que regularmente llevaba a cabo resonantes golpes -materiales y morales- contra las Fuerzas Armadas del Estado. Con independencia de las posibilidades reales de que las FARC se adueñaran del poder, lo cierto es que la correlación de fuerzas en el terreno militar les permitía controlar un tercio del territorio nacional -configurando un verdadero Estado dentro del Estado. No es casual que diversos estudios de opinión reflejaran que siete de cada diez colombianos pensaran que la guerrilla estaba derrotando a las Fuerzas Armadas. En medio de una gran recesión (la más feroz evidenciada desde 1931), el nuevo gobierno conservador que llegara al poder en 1998, implementó un programa de ajuste ortodoxo que profundizó las "reformas" iniciadas por la administración de César Gaviria (1990-1994), quien había iniciado una política de privatización de empresas públicas, desregulación financiera, apertura hacia la inversión extranjera, etcétera. Esta prueba de fe en el neoliberalismo le permitió al presidente Pastrana normalizar las relaciones con Washington, luego de los cortocircuitos entre el anterior presidente -el liberal Ernesto Samper (acusado de haber financiado su campaña electoral con fondos provenientes del narcotráfico)- y la administración norteamericana. "No debemos tener miedo a la globalización de la economía. Por el contrario, le daremos la bienvenida y prosperaremos dentro de ella", señaló Pastrana en agosto de 1998 (2). Marta Harnecker señala que "para el nuevo gobierno, lograr un proceso de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -el movimiento guerrillero más antiguo y poderoso del país- más que una aspiración es una necesidad para poder implementar el modelo de desarrollo económico que su gobierno se había trazado y que está fundamentado en un proyecto de corte neoliberal en el cual predomina la privatización y la llamada economía social de mercado. Sin una mínima estabilidad interna es muy difícil que los planes económicos gubernamentales puedan ser implementados" (3). En ese contexto político-económico se comenzó a diseñar un proceso de negociación que, más que abordar las grandes injusticias sociales y económicas, la lucha contra el paramilitarismo y la defensa de las libertades democráticas, pretendió reeditar la "exitosa" experiencia de América Central en los 80. Una política que permitió -luego de los acuerdos de paz -reafirmar la estrategia norteamericana en la región centroamericana sin resolver ninguno de los problemas sociales generadores del conflicto. Más bien se trató de una paz lograda luego de años de desarrollar estrategias basadas en "el terrorismo de estado, el desplazamiento masivo de población, gastos militares en gran escala y a largo plazo, asesores militares y una oferta de un arreglo político que implicó la reincorporación de los comandantes guerrilleros a la política electoral" (4). Uno de los ejemplos más concluyentes de la aplicación de esa estrategia fue la ofensiva desatada contra la revolución sandinista, denunciada infructuosamente por Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (5). En un contexto de fuerte inestabilidad, la administración Clinton celebró la elección de Pastrana y apoyó el "proceso de paz"; al tiempo que el presidente de la Bolsa de Wall Street viajó a discutir con las FARC en territorio controlado por la guerrilla. Pero, paralelamente a las negociaciones, el gobierno colombiano puso en marcha el denominado Plan Colombia, presentado como un "plan para paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado". González Posso recuerda que "el Presidente Andrés Pastrana, en el inicio de su mandato, habló de un gran plan de inversión para la paz, mencionó inclusive que se trataba de una especie de Plan Marshall, a semejanza del plan de reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Así, con el denominado Plan Colombia, fueron generadas grandes expectativas de inversión social en el país y en especial en los municipios comprendidos en la Zona de Distensión" (6). En esa oportunidad Pastrana expresó que "la guerrilla podrá participar en la preparación, conformación y ejecución de los proyectos del Plan Colombia". Pero diversos trabajos permiten concluir que no existe "un" Plan Colombia, sino que hay varias diferencias entre las distintas versiones, de acuerdo a las "sensibilidades" de los encargados de decidir los aportes económicos previstos por el plan y de su respectiva opinión pública. De esa forma se enfatizaron los aspectos vinculados al desarrollo económico y la defensa de los Derechos Humanos en la versión presentada ante la Unión Europea y los referidos al fortalecimiento de las fuerzas armadas y la lucha contra el narcotráfico en la presentada ante el Senado norteamericano (7). Según la afirmación del especialista Adam Isaacson la "primera versión" del Plan Colombia "era demasiado vaga y utópica para EE.UU. y además no ofrecía una solución rápida a los intereses que más les importan a los estadounidenses, como lo son la guerra antidrogas, el estrechamiento de los lazos militares, y la estabilidad de una región de países con gobiernos elegidos (y tal vez democráticos), capitalistas y abiertos a la economía mundial" (8). Ante las dificultades por las que atravesaba el proceso de paz -y la continuidad de la lucha antidrogas- las autoridades colombianas formularon nuevos pedidos de ayuda a EE.UU. a la vez que los funcionarios norteamericanos aumentaban su interés en el conflicto colombiano. El número tres del Departamento de Estado Thomas Pickering y el Zar Antidrogas Barry McCaffrey le dijeron a Pastrana "que incrementarían fuertemente la ayuda si él desarrollaba un plan comprensivo para fortalecer las fuerzas armadas, parar la caída de la economía y luchar contra el tráfico de drogas" (9). Como resultado, en seis semanas empezó a circular un "nuevo" Plan Colombia -con mucho mayor énfasis en el fortalecimiento del Estado y de las fuerzas armada y en la lucha antidrogas. Esta versión concebida y redactada en inglés con la participación -sino bajo la dirección- de los consejeros del Departamento de Estado norteamericano, estableció un programa con un costo total de 7.500 millones de dólares, de los cuales 3.500 millones debían provenir de ayuda extranjera (10). Por su parte, Colombia se comprometía a aportar 4.000 millones de sus propios recursos y de préstamos de instituciones financieras internacionales, al tiempo que -mediante una ley denominada Alianza Act- la administración norteamericana comprometió un aporte de 1.300 millones de dólares, esencialmente destinado a fines militares y uno de cuyos ejes era "recuperar el control del Estado sobre los centros productores de coca" (11). Para ello, se financió el entrenamiento y equipamiento de batallones antinarcóticos y la adquisición de 30 helicópteros Black Hawk y 33 Huey, además de otras actividades encuadradas en el Golpe al Sur de Colombia, un operativo destinado a tomar el control de un área de cultivos ilícitos en manos de la guerrilla (ver anexo). Si bien la ayuda militar prevista está condicionada por cláusulas de respeto a los derechos humanos, en muchos casos los paramilitares actúan como el brazo ilegal de la fuerza pública, ejecutando por su cuenta el trabajo sucio que los militares -en carácter de autoridad sujeta a la ley- no pueden realizar. Ese es el motivo por el que algunos llaman a los paras el sexto batallón del Ejército Colombiano. La realidad de los últimos años da cuenta de que "el proyecto paramilitar está respaldado no solamente por el Estado y el Ejército, sino que es apoyado financiera, operativa e ideológicamente por importantes sectores de las clases dominantes, y sus intelectuales a través de los medios de comunicación, que lo ven como el medio para remediar la incapacidad militar del Estado Colombiano para doblegar a la guerrilla, así como para eliminar abiertamente a dirigentes sindicales y agrarios considerados como obstáculos incómodos en el proceso de acumulación de capital" (12). Por otra parte, los asesores "privados" norteamericanos pueden completar las tareas que formalmente EE.UU. no quiere o no puede desarrollar. Empresas como la norteamericana Dyn Corp (con participación en la guerra de Kosovo) habría comenzado a aportar mercenarios al conflicto colombiano (13). Es por ello que los informes de Amnesty International sostienen que el componente de ayuda a los derechos humanos que propone el Plan Colombia es inadecuado y en su mayor parte está mal encauzado, ya que no aborda las causas principales de la crisis de derechos humanos identificada por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, como la impunidad y la necesidad de combatir a las organizaciones paramilitares ilegales. Tampoco el proceso de paz acabó con la "guerra química" destinada a erradicar las plantaciones de coca. A pesar de las opiniones técnicas sobre los nocivos efectos de los productos utilizados sobre las poblaciones y el ecosistema, la embajadora estadounidense en Lima señaló que el uso del glisfosato -uno de los productos cuestionados- no causa problemas y es como "tomar una aspirina"; no casualmente la firma Monsanto -de capital norteamericano- es una de las principales productoras de este tipo de herbicidas usados en los programas de erradicación de cultivos. Al igual que en el campo de la industria militar, la guerra química parece llevar también el sello del "compre norteamericano". Por otra parte, la situación sin salida de grandes masas de campesinos (14), combinada con la experiencia de las FARC en anteriores procesos de paz, atentó contra una salida política negociada al estilo centroamericano. En ese sentido vale destacar el cese de fuego firmado en 1984, mediante el cual el gobierno de Belisario Betancourt se comprometía a desarrollar una serie de reformas políticas, económicas y sociales, y la guerrilla se comprometía a organizarse políticamente para participar en la lucha política legal. En esa oportunidad la normalización democrática mostró trágicamente sus límites: luego de obtener 26 diputados y 6 senadores, la Unión Patriótica -coalición legal de la que participaron las FARC- fue víctima de un verdadero genocidio político, que arrojó un saldo de entre 4.000 y 5.000 muertos entre militantes, candidatos y dirigentes (15). Esos límites para desarrollar una política abierta hacia el movimiento de masas condicionan cualquier tentativa de pacificación y ponen de relieve la matriz sobre la que operan las clases dominantes colombianas a la hora de defender su hegemonía. Esta política de "limpieza social", que se abate sobre los campesinos sospechados de simpatizar con la izquierda y los dirigentes sindicales, continúa hasta el día de hoy. De hecho los trabajadores de Ecopetrol iniciaron hace pocos días una huelga por tiempo indeterminado en protesta por el secuestro de varios dirigentes sindicales por los paramilitares (16). La propia guerrilla ha planteado la situación en los siguientes términos: "si en Colombia se llegasen a abrir nuevos y positivos espacios, nuevas condiciones, un nuevo ambiente político, económico y social que hiciera inocuo el uso de las armas, seguramente otra sería la perspectiva de la nación". Notas
(*) El presente documento fue escrito en el marco del proyecto "Hegemonía norteamericana en América Latina en el contexto del ALCA", desarrollado por el Departamento de Economía y Política Internacional del Centro Cultural de la Cooperación (Argentina). Mariano Borzel y Claudio Casparrino participaron en el seguimiento y edición del presente documento. Se agradecen los oportunos comentarios y sugerencias de Atilio Borón (Coordinador del Departamento), Julio Gambina (Miembro del Gabinete Académico) y Carlos Ricardo Escobar (Universidad de Caldas-Colombia). |
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