Crisis en Argentina: Jaime Atienza Azcona: Un arbitraje para la deuda externa argentina

Cuando las crisis han llegado a afectar a los países ricos -a sus estados, sus empresas, sus bancos- tradicionalmente se les han encontrado soluciones viables para salvaguardar sus propios intereses y no han faltado recursos materiales y técnicos. Ejemplos nos sobran, pero basta referirse a la resolución de la crisis de la deuda externa de 1982 o de las crisis financieras de los noventa: siempre se minimizaron los riesgos de los acreedores a costa de un mayor endeudamiento de los países deudores. La cumbre de Monterrey de las Naciones Unidas sobre la financiación del desarrollo ofrece la oportunidad única de implantar un sistema de arbitraje neutral y justo para resolver los problemas de la deuda externa desde una perspectiva integral y equilibrada, que incluya primero a las poblaciones de los países endeudados y también a los acreedores.

Argentina parece estar marcando la señal del agotamiento de un modelo basado en una apertura acelerada en lo externo y un ajuste permanente en lo interno, y no ha sido capaz de competir en el contexto global. Cierto, por sus propias ineficiencias, pero también porque no hay sitio en ese mercado mundial asimétricamente abierto para un país productor de materias primas con una renta per cápita de 7.600 dólares; al menos si no puede subvencionar su producción o controlar las reglas comerciales -como los EEUU o la Unión Europea- pues no puede competir en costes con decenas de países en desarrollo mucho más baratos.

La deuda argentina, elemento central de su crisis, aparece como un escenario en el que todos van a perder, y su gravedad hace inviable esta vez una solución que sólo beneficie a los acreedores; el país ya no soporta más endeudamiento y nadie le prestaría en la magnitud necesaria para pagar a todos. La deuda ha resultado ser el detonante del estallido de la crisis social y ha destapado la profunda crisis institucional: el drenaje de dólares durante 2000 y 2001, acompañado de la llegada de nuevo y costosísimo crédito encerró a Argentina en un círculo vicioso sin otra salida posible que la suspensión de pagos, antes o después, pero el año y medio de prórroga con nuevo crédito otorgó a los acreedores un tiempo precioso para comenzar sus provisiones. Puede afirmarse que sin una solución razonable a esta cuestión, la compleja red de problemas políticos, sociales, económicos e institucionales no tendrán margen suficiente para una regeneración imprescindible y que necesita tiempo -no semanas, sino años de confianza-. Un año sin pagar no le va a permitir al país garantizar sus pagos futuros; todo lo más tomar un respiro.

En 1953 Alemania firmó con sus acreedores el acuerdo de Londres, y con él, se redujo su deuda externa proveniente de las dos guerras mundiales a menos del 40% de su valor. Con medidas muy interesantes: no cobrarle nunca más del 5% de sus ingresos por exportaciones y no hacerlo en absoluto en caso de déficit comercial del país. Este pacto, pensado por los países occidentales como una ayuda para el desarrollo de Alemania resultó enormemente efectivo: nunca Alemania pagó más del 4,6% de sus ingresos por exportaciones y las compras de sus acreedores le llevaron a un superávit comercial sostenido. Todos ganaron con el pacto: aunque los acreedores cobraron menos de lo inicialmente planteado, se logró una paz y un desarrollo duradero y sostenible para todos. Ojalá el ejemplo alemán fuese considerado para el conjunto de los países sobreendeudados; entretanto no puede persistir la falacia de que nunca se redujeron en gran medida las deudas: sí se hizo, y para Alemania, funcionó y se vivió una rápida recuperación.

En contraste, según el Banco Mundial Argentina pagó como servicio de la deuda un 25,1% de sus exportaciones en 1994, un 50% en 1997 y llegó al 75,8% en 1999, y ello en una situación de fuerte déficit comercial. Una cifra descomunal, sin precedentes, que supera en cinco veces el umbral de sostenibilidad fijado por el propio Banco Mundial en el 15% de los ingresos por exportaciones y que por sí misma exige un cambio profundo. Ante esta realidad, académicos, organizaciones sociales e instituciones internacionales están discutiendo recurrir a un sistema de arbitraje justo y transparente. Se pretende la constitución de un cuerpo arbitral con igual número de árbitros por uno y otro sector (acreedor - deudor) y un último árbitro nombrado de común acuerdo, implantando un sistema que permita responder eficazmente a los problemas de solvencia y a la existencia de deudas ilegales. Así, a llegar a una situación de insolvencia, como Argentina hoy, en lugar de negarse la realidad -tan habitual en el terreno de la deuda- podrán buscarse soluciones de común acuerdo. Por otra parte, merece la pena recordar que el 13 de julio de 2000, el juez Ballesteros (caso 14,467 titulado "Olmos, Alejandro S/dcia") constató en su sentencia firme en el juzgado número 2 de Buenos Aires la ilegalidad de la deuda contraída bajo el régimen de las Juntas Militares argentinas en el período 76-83; un 20% de la deuda que todavía hoy soporta el país.

La insolvencia argentina -o la ecuatoriana, o la indonesia- debe abordarse siguiendo unas reglas justas y transparentes. Tomar como punto de partida el sistema empleado por las municipalidades en EEUU es la idea impulsada desde la UNCTAD: suspender los pagos mientras se resuelve, convocar a acreedores y deudores -incluyendo a la sociedad civil organizada- a exponer su visión de los hechos y de la situación y facilitar un arbitraje neutral que no discrimine a nadie y que por tanto le "duela" algo a todos, que sería el resultado deseado. Hace ya tres años algunas organizaciones presentamos esta idea en Washington a algunos representantes del FMI, que, con honestidad nos preguntaron: ¿Qué incentivos tienen los acreedores, cuando ellos tienen el 100% del poder de decisión en el Club de París? ¿Qué ganan? Se les dijo: justicia, transparencia, competencia limpia -sin evitarle por sistema al acreedor el principio del riesgo en su inversión, política habitual desde los ochenta- y anteponer el derecho al desarrollo sobre el pago de la deuda.

Sin embargo, hoy, ante la cumbre de Monterrey, la vicepresidenta del FMI, Ann Krueger admite la necesidad de arbitrar la insolvencia argentina. ¿Qué ha cambiado? Argentina tiene hoy una deuda impagable y además muy diversificada: le debe a millones de acreedores en fondos de inversión dispersos por el mundo y no sólo a un puñado de bancos y estados, y gestionar ordenadamente esa realidad es una tarea inviable. El FMI, eso sí, se ofrece como el experto independiente para resolver ese arbitraje. Mala solución sería darle la vuelta a un sistema fallido para volver al punto de partida: el FMI no sólo es un acreedor de peso (lo que le haría de nuevo juez y parte), sino que además no es neutral ni equidistante en estos asuntos, no nos engañemos. Más adecuado parece acudir, bajo el amparo de las Naciones Unidas, a personas de reconocido prestigio nombradas por las partes. Se están considerando nombres como el exdirector del FMI, Michel Camdessus, los premios Nobel de economía Joseph Stiglitz o Amartya Sen, o la directora de la oficina de derechos humanos de la ONU, Mary Robinson entre otros. Quitarle de las manos el poder de decidir a quienes lo llevan ejerciendo con este resultado durante veinte años es imperativo para ofrecerle al pueblo argentino una esperanza de recuperación real, y tener un ejemplo de negociación diferente para otros países, ante un sistema que no funciona.

En Monterrey, España ostentará la presidencia de la UE y se encuentra en capacidad de impulsar medidas como ésta, presente ya en la agenda oficial, pasando a la acción y superando la retórica cruelmente triunfalista -de los pobres se habla en los comunicados pero casi nada en los presupuestos o al dictar las políticas- que han generado las últimas cumbres internacionales. Es tiempo de unir medidas reales y transformadoras a las declaraciones formales, y de recuperar la conciencia de que es posible avanzar en beneficio de las mayorías pobres. El gobierno español, si lo cree oportuno, tiene una inmejorable oportunidad política de hacerlo en Monterrey.

(*) Jaime Atienza Azcona es economista y técnico de Cáritas Española.