David Lovatón Palacios: Perú: Arequipa: El diálogo, la única salida

Sin duda hay que condenar los graves actos de violencia ocurridos en Arequipa y otras ciudades del sur del país, que exceden por completo el legítimo derecho que tiene el pueblo arequipeño de expresarse y movilizarse pacíficamente en rechazo a decisiones de gobierno en torno a temas como la privatización. A esta altura queda claro que estos actos vandálicos escapan al control de los dirigentes o promotores de las protestas y que no sólo son obra de "unos cuantos infiltrados", sino que expresan la ira y frustración de sectores sociales económica y socialmente marginados a la espera de una buena oportunidad para desfogarlas.

Por su parte, también es evidente que el gobierno ha manejado hasta el momento muy mal la situación y que se ha puesto -y ha puesto al país- en una posición extremadamente difícil. Sin entrar al debate de si conviene o no privatizar las empresas eléctricas -hemos escuchado argumentos a favor y argumentos en contra-, lo cierto es que en este caso había varios datos de la realidad que el gobierno debió tomar en cuenta: la promesa electoral de Toledo de no privatizar dichas empresas, una decisión judicial en ese mismo sentido y la oposición de sectores importantes de la población local. No se adelantó a la situación, no previó, por el contrario, minimizó la protesta y siguió adelante con la privatización.

Al respecto, está claro que el gobierno -como cualquier gobierno del mundo- tiene la potestad de adoptar decisiones en materias tales como la privatización y que no tiene que someter a consulta popular todas y cada una de estas decisiones de Estado. A la vez, la población tiene el derecho de expresarse y fiscalizar estos procesos y, por ende, en determinadas circunstancias resulta conveniente o "políticamente correcto" entablar un diálogo con sectores representativos de la población local a fin de lograr un consenso en torno a la privatización.

Por ello, la declaratoria de Estado de Emergencia, el toque de queda y la designación de un jefe militar para restablecer el orden en Arequipa -objetivo absolutamente legítimo y necesario-, nos parece un error del Gobierno. Por un lado, se desliza en una peligrosa pendiente autoritaria totalmente contraria a la transición democrática y la vigencia de los derechos humanos y, por otro lado, pudo haber adoptado esta medida excepcional -prevista en la Constitución- con otras características más acordes con un régimen democrático: jefe civil, sin toque de queda o control policial.

Por tanto, la única salida que vemos -realmente la única- es el diálogo, que permita acercar las posiciones de ambas partes en conflicto y que por el momento parecen irreconciliables: el gobierno que quiere continuar con la privatización y los líderes locales que se oponen tajantemente y además exigen ahora dejar sin efecto el Estado de Emergencia y "un desagravio al pueblo arequipeño" por parte del gobierno.

Por ello, consideramos positiva la conformación, por parte del gobierno, de una comisión de alto nivel presidida por el arzobispo de Arequipa Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio e integrada por varios ministros y otras personalidades, que han viajado a Arequipa a entrevistarse con el alcalde Juan Manuel Guillén y otros líderes locales, a fin de mediar en este conflicto. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, personalidades e instituciones de la sociedad civil -como la Coordinadora de Derechos Humanos y la Coalición por la Democracia en el Perú- vienen invocando a las partes a que abran un espacio de diálogo; el mismo que debería dar como primeros frutos el levantamiento del Estado de Emergencia y el cese de los actos de violencia.

PRONUNCIAMIENTO DE LA COORDINADORA DE DDHH
SOBRE LO OCURRIDO EN AREQUIPA

Los 61 organismos de derechos humanos agrupados en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lamenta los recientes acontecimientos ocurridos en el sur del país y al respecto manifiesta:

1) La profunda preocupación de la comunidad de derechos humanos frente a los graves hechos que desde el día 14 de este mes ha vivido el pueblo arequipeño en torno al proceso de privatización de las empresas eléctricas de la región, que han dado cabida a la declaración de estado de emergencia, que entre otras cosas establece el toque de queda y la constitución de un comando político militar.

2) Reconocemos el legítimo derecho del pueblo de Arequipa a expresar su desacuerdo sobre el desenlace de este proceso. Así también condenamos enérgicamente la violencia desatada en las manifestaciones y actos de protestas ocurridos, que han afectado gravemente instituciones públicas y privadas de la ciudad. Recordamos que estas situaciones deben enfrentarse con métodos que sirvan para consolidar el proceso de transición democrática y que signifiquen a la vez una ruptura con las modalidades de actuación de las fuerzas del orden aplicados en el pasado.

Por lo tanto, demandamos:

1) El levantamiento inmediato del estado de emergencia, el toque de queda y la supresión del comando político militar.

La constitución de un espacio de diálogo entre representantes del gobierno y las autoridades y organizaciones sociales del pueblo de Arequipa, para encarar la resolución de los problemas en los marcos democrático y legal establecidos.