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| 8 de diciembre del 2002 |
Agencia de Información Solidaria (AIS). España, 6 de diciembre.
"Estados Unidos va a lanzar un duro golpe contra la base financiera de la red global del terror". Estas palabras, pronunciadas por George W. Bush el 24 de septiembre de 2001, hacían suponer una acción dura del ejecutivo de los Estados Unidos contra el sistema de financiación de Al Qaeda y otros grupos terroristas islámicos. Sin embargo, investigaciones, hechos y noticias aparecidas en los últimos días no apuntan en ese sentido. La información publicada por el semanario Newsweek el 25 de noviembre no deja lugar a dudas. La donación de cientos de miles de dólares realizada por la princesa saudita, Haifa Al Faisal, a Omar al Bayoumi (quien acogió en San Diego a Khalid al Mihdhar y Nawaf al- Hazmi, dos de los quince terroristas de origen saudita que participaron en el 11-S) pone de relieve algo evidente: la familia real de Arabia Saudí es la primera fuente de financiación mundial del terrorismo integrista. Que la donación fuera directa o indirecta es una anécdota. El hecho de que la princesa, hija del difunto rey Faisal, sea la mujer de Bandar Bin Sultan, embajador de Arabia Saudita en Washington, amigo personal y antiguo socio en los negocios petrolíferos del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, añade perspectivas interesantes al análisis.
El problema viene de lejos. La red creada en la década de los ochenta por Arabia Saudí, los temibles servicios secretos de Pakistán (ISI) y la CIA para ayudar a los "luchadores de la libertad" en su yihad contra la invasión soviética de Afganistán parece ahora inabarcable. Figuras de la importancia del ministro de Defensa saudita o el responsable de los servicios secretos del reino wahabita, Turky Al Faisal, participaron en el mantenimiento de los grupos dirigidos por Bin Laden durante esa época. Peor aún: una vez acabada la guerra afgana, la financiación de esas células por el régimen integrista de Riad tiene relación directa con un pacto tácito con Bin Laden para evitar ataques contra la monarquía saudita. Según afirma John K. Cooley en su artículo "El huidizo dinero de Al Qaeda" (Le Monde Diplomatique, noviembre 2002), uno de los soportes de esta red era el millonario paquistaní Hasan Agha Abedi, amigo del otrora presidente norteamericano James Carter y de Margaret Thatcher. No es el único: otros millonarios y financieros bien considerados y relacionados en Occidente, como los saudíes Wa' el Jalaidan y Yasin Al Qadi, han visto cómo sus activos quedaban congelados. La incapacidad del Gobierno de los Estados Unidos para interceptar la mayor parte de las cuentas de Al Qaeda es comprensible: el sistema capitalista mundial ha creado innumerables procedimientos para eludir cualquier control legal. Así, la red de Bin Laden podría tener activos en cualquiera de los paraísos fiscales a lo largo y ancho del mundo. O bien ocultos en bancos y sociedades fantasmas creados a tal efecto. O incluso convertidos en diamantes u opio, y también transferidos a través de la hawala (sistema tradicional de transmisión de dinero utilizado en Asia a través de llamadas telefónicas y códigos secretos que no dejan rastro). Instituciones como el Grupo Mundial de Acción Financiera contra el Blanqueo de Dinero tiene escasa capacidad de actuación. Es más, antes del 11 de septiembre sus actuaciones eran criticadas por el Gobierno de los Estados Unidos y boicoteadas por el Fondo Monetario Internacional. La permisividad del Gobierno de Bush con el régimen saudita responde a pura lógica: el sistema más corrupto y retrógrado del planeta es el primer productor mundial de petróleo y posee la cuarta parte de las reservas mundiales de crudo. Uno de cada seis barriles de crudo importado por Estados Unidos procede de Arabia Saudí; la economía estadounidense necesita la capacidad de producción saudita que, en caso de crisis, puede aumentar de los ocho millones actuales a diez millones y medio de barriles diarios para mantener el precio del crudo. La suma de inversiones saudíes en Estados Unidos no es nada despreciable y Washington realiza esfuerzos ímprobos por mantener un equilibrio imposible y evitar la fuga de esos capitales. Por último, el ejército estadounidense necesita las bases militares que posee en Arabia Saudita para proteger sus intereses estratégicos en Oriente Próximo. La hipócrita política de los Estados Unidos respecto al terrorismo integrista cae por su propio peso. Todas las pruebas apuntan a sus aliados saudíes como financiadores de ese terrorismo, sin embargo, hay demasiados intereses como para llevar a cabo una investigación rigurosa. Demasiado dinero y demasiado poder para llegar a la esencia del problema. |
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