Alejandro Blanca: Fábricas recuperadas: otra cara de la resistencia civil

Los obreros se movilizan. A casi un año del estallido del descontento social en Argentina, el presidente argentino Eduardo Duhalde aseguró que lo peor de la crisis ya pasó y reveló que, por primera vez en cinco años, el país "está retomando la senda del desarrollo pues, según las previsiones, en 2003 la economía crecerá 3 por ciento". Esta palabras, sin embargo, son poco alentadoras para amplios sectores asediados por la pobreza, el hambre y el desempleo que afectan a más de la mitad de la población.

Mientras los funcionarios hacen declaraciones optimistas y continúan negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un acuerdo de financiamiento que no llega, la sociedad civil ha ideado la forma para sobrevivir de mejor manera. Así surgieron los clubes de trueque (centros de intercambio de bienes y servicios), los comedores públicos solidarios y la recuperación de fábricas en quiebra: locales cerrados por sus dueños ante la imposibilidad de mantenerlas en operación que fueron reabiertos por empleados y obreros para recuperar su fuente de trabajo.

La recuperación de fábricas, que tomó fuerza este año, ha ganado mucho terreno en distintas provincias de Argentina. Un informe de la organización Asambleas Populares que agrupa a obreros, desempleados, pensionados, estudiantes y vecinos de distintos puntos del país, publicado la semana pasada en su sitio web, señala que de enero a diciembre de 2002 más de 150 fábricas han sido recuperadas por los trabajadores, quienes han constituido todo un movimiento para apoyar a los trabajadores y cabildear ante legisladores y funcionarios para que acepten y respalden este tipo de acciones.

La presión ha resultado efectiva: hace dos meses la Cámara de Diputados de Buenos Aires aprobó una ley que permite mediante un acuerdo temporal la expropiación de fábricas, locales y empresas cerradas e instaló una comisión para asesorar a los interesados. Las leyes sancionadas por los diputados dispusieron dos tipos diferentes de expropiación: una, temporal, por dos años, de los edificios donde funcionan las empresas. La otra, definitiva, para las maquinarias y otros bienes existentes en las plantas y que son imprescindibles para la producción, a cambio del pago de un monto establecido conforme al valor de la maquinaria. La fórmula que encontraron los legisladores fue la de declarar a esas empresas "de utilidad pública y sujetos a ocupación temporaria", lo que significa que durante dos años el gobierno pagará el alquiler de los edificios a los acreedores de cada quiebra. Después de ese lapso, las cooperativas de trabajadores tendrán preferencia de compra de la planta que ocupan. Para el gobierno, la operación tiene costos pero también beneficios. "Es preferible invertir en máquinas y en fuentes de trabajo que en subsidios para desempleados y bolsones de comida", dijo el secretario de Desarrollo Económico, Eduardo Hecker. El funcionario prometió, "vamos a apoyar a las empresas recuperadas o gestionadas por sus trabajadores".

Alternativa contra el desempleo

Los obreros de fábricas en crisis están agrupados en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), que el 7 de septiembre pasado realizó su primer encuentro en la planta de La Baskonia, en el barrio bonaerense de La Matanza, gestionada por su personal. Esta organización fue constituida hace seis meses por José Abelli, un rosarino de 46 años que perdió su trabajo cuando quebró la empresa que lo empleaba.

Actualmente, el MNER reúne a 150 plantas en las que trabajan 15 mil personas, la mayoría son cooperativas en manos de los obreros e impulsan la creación de leyes que contemplen esta nueva modalidad de trabajo que nació de la crisis. Los analistas consideran que ese aspecto, la falta de leyes, es el punto débil del movimiento. Por ello, en el encuentro del MNER, los participantes coincidieron en la necesidad de impulsar una reforma a la Ley de Quiebras, que privilegie el paso de empresas en crisis a manos de cooperativas. También se hicieron propuestas para integrar las empresas recuperadas a la comunidad. En este sentido, Eduardo Murúa, gerente de producción de la Cooperativa IMPA, una experiencia autogestionaria exitosa, señaló: "En la Imprenta Chilavert, por ejemplo, queremos hacer un convenio con la Secretaría de Educación porteña para abrir una escuela de artes gráficas, aprovechando el equipamiento y la experiencia de operarios".

En una entrevista con el diario argentino Página 12, José Abelli señaló que, aunque el movimiento ha tenido mucho éxito, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, "la batalla apenas comienza. Aún hay mucho que hacer". El fundador de la MNER, cuyo lema es "ocupar, resistir y producir", agregó que es vital que el gobierno impulse políticas publicas: "Así como el Estado invierte en salud pública y educación, debe invertir en trabajo. Aun si tuviésemos un crecimiento del 6 por ciento harían falta cinco años para volver al Producto Bruto Interno del 1995 ó 1996. Por eso pedimos políticas que contemplen la expropiación de los activos productivos de las empresas quebradas y los transfieran a los trabajadores".

Abelli señaló que, para evitar los problemas legales a los que se enfrentan los trabajadores en el momento de la quiebra, el gobierno debería "considerar a esas empresas como activos sociales".

Los acreedores, agregó Abelli, "tienen que entender que no es lo mismo el valor de una empresa cerrada que el de una empresa abierta, funcionando y produciendo. Si por la quiebra hubiéramos dejado que cerrara, por ejemplo, la fábrica de tractores Zanello, hoy no tendríamos tractores en un país que produce alimentos para 300 millones de personas". El líder obrero denunció que las leyes obstaculizan al movimiento y se preguntó: "¿Por qué no dictar una ley de emergencia que contemple salvar a las empresas en quiebra y transferir patrimonio a los trabajadores, sobre la base de la deuda acumulada? El problema hoy es el privilegio de los bancos a través de la hipoteca y la prenda. Pero ni a ellos les sirve un clavo, porque se convierten en inmobiliarias a pérdida".

Si bien apenas hace poco tiempo se aprobaron las primeras expropiaciones de fábricas quebradas, en realidad la lucha de los trabajadores comenzó hace mucho tiempo. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los procesos comenzaron hace dos años, con la Cooperativa Unión y Fuerza, una metalúrgica de Avellaneda. El abogado Luis Cano, que acompañó aquel proceso, recordó: "Empezó con 54 obreros y en dos años incorporaron otros 16. Estas experiencias son exitosas porque desaparece el costo empresarial: los sueldos de los gerentes y la plusvalía". Desde aquella experiencia, se registraron en la provincia unas 20 expropiaciones.

De la quiebra a la cooperativa

El proceso de recuperación de empresas no es fácil, pues generalmente los trabajadores viven un calvario antes de apoderarse de su centro laboral. En la inmensa mayoría de los casos, la decisión de ponerse a producir llega luego de un proceso de maduración del colectivo de trabajadores.

Casi nunca es una decisión automática, sino obstaculizada por múltiples dudas, inseguridades y temores. En ocasiones demoran más de un año en volver a poner la fábrica en marcha. A veces cuentan con insumos que dejaron los dueños pero otras deben salir a buscar la materia prima, la cual es obtenida como consecuencia de donaciones o del apoyo popular, y casi nunca obtienen préstamos, por lo menos en las primeras etapas.

Un ejemplo es de la de Ghelco SA -hoy Vieytes- que hasta no hace mucho era la mayor productora nacional de insumos para heladerías y confiterías. Con 250 empleados, esta empresa vivió su época de esplendor en los años 80 y principios de los 90. Sin embargo, un creciente endeudamiento y la pérdida de clientes en el exterior, más una pésima administración, complicaron la situación, lo que derivó en sucesivas medidas de reducción del personal. Sin embargo, el golpe más duro llegó apenas comenzado el año 2002.

El 10 de enero pasado, los 91 empleados, entre trabajadores de planta y administrativos ,se encontraron con las persianas bajas y una noticia poco agradable: estaban suspendidos hasta el 11 de febrero sin goce de sueldo. Manuel Ojeda, quien hasta entonces trabajaba como operario en el envasado de baños y coberturas de chocolate, con un sueldo mensual que rondaba los 171 dólares, señala: "Sólo quedó trabajando el personal jerárquico y algunos de administración. Los demás estábamos en la calle".

Pero las sorpresas no terminaron allí. 30 días después, Ojeda y sus compañeros no pudieron siquiera ingresar a la fábrica. "La entrada tenía una faja de clausura y ahí nos enteramos de que se había decretado la quiebra", agregó el obrero.

Empezó entonces un largo proceso: los obreros atestiguaron el vaciamiento de la fábrica -los dueños secuestraron maquinarias y computadoras- y soportaron los obstáculos judiciales para constituirse como cooperativa y hacerse cargo de los bienes. "Lo primero que hicimos fue acampar en la puerta para evitar que se llevaran más máquinas y establecer una asamblea permanente. Después, con el apoyo del Movimiento de Empresas Recuperadas y de las asambleas barriales, conformamos la cooperativa. Hasta que el 29 de agosto conseguimos el permiso especial y reabrimos la fábrica", detalla Ernesto Gomory, molinero. Aquel día, unas 400 personas asistieron a la reapertura y recibieron una dulce retribución por su apoyo desinteresado. "Les dimos un helado de chocolate y crema para cada uno", recuerdan los empleados.

Otro ejemplo de solidaridad sucedió en el barrio bonaerense de Scalabrini, donde empleados y clientes se unieron para evitar el cierre de la Pizzería de Villa Crespo, que ha sido durante 30 años un lugar de encuentro de vecinos, bohemios y artistas.

Dos opciones

Una vez que los trabajadores ocupan la fábrica se enfrentan a una disyuntiva interesante: reclamar la estatización de la empresa para que ésta funcione bajo control obrero (tal es la postura, por ejemplo, de las trabajadoras de la textil Brukman) o formar cooperativas que se hagan cargo de la fábrica.

Para el abogado Luis Caro, la mejor alternativa es formar cooperativas, pues esta normatividad tiene varias ventajas:

Una vez aprobada la expropiación, el concurso de acreedores queda suspendido, por lo menos durante el tiempo de vigencia del acuerdo, lo que garantiza que la fábrica recuperada pueda funcionar sin deudas. Otra ventaja es que hay una cartera de clientes armada y asegurada, lo que garantiza un mínimo de ganancias. Por otro lado, el personal que forma la cooperativa no necesita de ningún tipo de capacitación y sabe cómo echar a andar la fábrica. Caro no tiene dudas, este tipo de gestión es eficiente y para demostrarlo presenta cifras: "Hasta ahora ninguna de las firmas expropiadas y reabiertas como cooperativas tuvo que cerrar. Todas fueron rentables. En la cooperativa que funciona mejor la gente está cobrando sueldos de 285 dólares quincenales. En la que afronta la situación más complicada, ganan lo suficiente para asegurarse casa y comida".

En general, la opción de la cooperativa es más aceptada por los funcionarios nacionales y municipales, mientras que la estatización es apoyada por partidos de izquierda y sindicatos.

Para los partidarios de la segunda alternativa, como Matilde, operaria de Brukman, la cuestión es que "no queremos ser patrones y tener que salir a competir con otras empresas con esta situación económica, por eso luchamos por la estatización, pues esas labores las toma el Estado. Además, buscamos que nuestro trabajo sirva a la comunidad, no al mercado. Tampoco queremos convertirnos en empleados públicos, por eso pensamos que la estatización debe ir acompañada del control obrero de la producción".

A pesar de las diferencias entre las alternativas, durante las reuniones del MNER se destaca el objetivo de la unidad, un aspecto vital en este movimiento.

Las alternativas solidarias que han surgido en una Argentina sumida en la peor de las crisis parecen funcionar bien, al menos se dan opciones a los obreros y a los pobres. Ese ejemplo, ante un panorama económico de aguda desigualdad -un informe reciente del Banco Mundial señala que América Latina sufre la peor contracción económica en 20 años-, puede sentar precedentes no sólo para el movimiento obrero en Argentina, sino en todo el subcontinente. Los clubes de trueques ya se han extendido a Paraguay y Uruguay y el movimiento de fábricas recuperadas tiene presencia en Brasil, donde este año han sido tomadas unas 200 empresas.