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La insignia
16 de abril del 2002


Venezuela

Democracia y procesos de inclusión social


__SUPLEMENTOS__
Golpe en Venezuela

Provea. Venezuela, abril del 2002.



Provea celebra la restitución de la legalidad establecida en la Constitución de 1999, que fue violentado el día 11/04/02 a través de un golpe de estado.

Luego de recuperada la legalidad, el reto de la sociedad y el Estado venezolano es fortalecer la débil institucionalidad democrática y avanzar en los procesos de inclusión social. En tal sentido, y como aporte al proceso de crítica, autocrítica y elaboración de propuestas que corresponde a todos los sectores de la vida nacional, Provea plantea lo siguiente:

1. Exigimos a los Poderes Públicos que se aboquen de inmediato a una investigación imparcial y ajustada a derecho, que determine las responsabilidades de los hechos ilícitos acaecidos desde el día 11.04.02, a fin de que sus autores materiales e intelectuales sean sancionados y se evite así la impunidad de esos delitos y violaciones a los derechos humanos. Asimismo, proponemos que se realice, por parte de una "Comisión Social de la Verdad", una investigación autónoma de esos sucesos, que presente testimonios, pruebas y resultados analíticos tanto a la sociedad como a los Poderes Públicos.

2. Exigimos a los Poderes Ejecutivo, Judicial y Ciudadano que sean respetadas las garantías del debido proceso y los demás derechos humanos de los ciudadanos responsables del gobierno de facto encabezado por el empresario Pedro Carmona Estanga. En particular, rechazamos la posibilidad de juzgamiento de civiles por parte de tribunales militares, en concordancia con el artículo 261 de la Constitución de 1999.

3. Exigimos a los organismos de seguridad que garanticen el orden en las manifestaciones que se están dando en distintos focos de la ciudad de Caracas, algunas de ellas violentas, en estricto apego a la Constitución de 1999. Ello implica que frente a manifestaciones pacíficas, deben abstenerse de utilizar armas de fuego y sustancias tóxicas, tal como lo consagra el artículo 68 de la Constitución de 1999. Frente a las manifestaciones violentas, deben agotar todas las vías de disuasión y utilizar la fuerza sólo como último recurso, de un modo proporcional a la agresión y resguardando la vida y la integridad de los manifestantes. Igualmente, le exigimos al Ejecutivo que vele por el cumplimiento del llamado que formuló a la población para que cese la violencia contra locales comerciales y se abstenga de cualquier tipo acciones de retaliación.

4. Exigimos a los Poderes Públicos e invitamos a la sociedad a hacer efectivo el derecho a la participación consagrado en diversos artículos de la Constitución de 1999. En tal sentido, los Poderes Públicos tienen la obligación de abrir canales de participación a todos los sectores sociales y por lo tanto deben llamar al diálogo nacional, escuchar sus planteamientos, respetar a los representantes que estos sectores designen, cesar la descalificación de los opositores, entre otras acciones posibles. Por su parte, los diversos sectores de la vida nacional, tienen igualmente el deber de ejercer estos derechos propiciando un clima de tolerancia y reconocimiento del otro, que permita monitorear y controlar al Estado, para que sus acciones sean consistentes con los objetivos plasmados en la Constitución de 1999.

5. En función de lo señalado en el punto anterior, Provea invita a los Poderes Públicos a elaborar, junto al movimiento de derechos humanos, un Plan Nacional de Derechos Humanos que permita avanzar en la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.

6. Exigimos a la Asamblea Nacional que legisle con celeridad para garantizar el carácter no deliberante de la Fuerza Armada Nacional. Ratificamos que los ciudadanos que administran la violencia estatal no se encuentran en igualdad de condiciones que los ciudadanos desarmados y, por tal razón, en resguardo de la institucionalidad democrática, deben existir garantías que impidan que la corporación militar sea convertida en un actor político.

7. Reconociendo que el Presidente de la República tiene el derecho de formular las críticas que considere pertinentes sobre cualquier aspecto de la vida nacional, Provea le exige que elimine los rasgos intimidatarios presentes en su discurso hacia los medios de comunicación, desde 1999, en tanto son un factor coadyuvante del clima de inseguridad existente para los trabajadores de estos medios y pueden generar un ambiente propicio para la autocensura. Igualmente, le exige que, conciente del liderazgo que tiene en sus seguidores y de la responsabilidad de su alta magistratura, recupere un tono ponderado y ecuánime cuando se dirija públicamente a todos los ciudadanos.

8. Exigimos un manejo responsable de la información por parte de los medios de comunicación, trátese de propietarios o de profesionales a su servicio, públicos o privados, pues su responsabilidad social en este particular no puede ser ignorada. Independientemente de su línea editorial, los medios, particularmente los concesionarios de frecuencias radioeléctricas que son propiedad de todos los venezolanos, deben ejercer un rol de servicio público y no de actores políticos. Lo contrario, vulnera el derecho que tiene toda la población a acceder a información plural y se convierte en un factor más de estímulo a la violencia social.

9. Exigimos a la Asamblea Nacional que formule un proceso de legitimación de los Poderes Ciudadano, Judicial y Electoral, en apego a los mecanismos establecidos en la Constitución de 1999, que fueron violentados en su oportunidad. Solicitamos a los representantes de esos Poderes que, reconociendo las irregularidades de sus nombramientos, faciliten y estimulen este proceso. Estamos convencidos de que la legitimación constitucional de estos Poderes será un factor coadyuvante del fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Finalmente, ratificamos nuestra satisfacción por la recuperación del hilo constitucional e invitamos a todos los sectores sociales a convertirse en protagonistas de su estricto cumplimiento.

Carlos Correa
Coordinador General

María Isabel Bertone
Coordinadora del Área de Educación

Marino Alvarado
Coordinador del Área de Defensa

Antonio González Plessmann
Coordinador del Área de Investigación".



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