Russell Mokhiber y Robert Weissman: Ataque a EEUU: Oportunistas en tiempo de guerra

Dejen paso a los oportunistas de la guerra. Las grandes empresas y sus representantes están tratando de aprovecharse de la tragedia del 11 de septiembre para impulsar una agenda interesada que no tiene nada que ver con la seguridad nacional y sí con beneficios empresariales e ideologías peligrosas.

La vía rápida (fast track) y la Zona de Libre Comercio Panamericana. Un recorte del impuesto de sociedades. Perforaciones petrolíferas en Alaska. La Guerra de las Galaxias. Éstas son algunas de las ridículas «soluciones» y respuestas al ataque terrorista que ofrecen los portavoces de las empresas.

Nadie ha unido su agenda al ataque terrorista con mayor descaro que el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Zoellick. En un artículo publicado por el Washington Post la pasada semana, Zoellick proclamó que la mejor forma de responder a la tragedia del 11 de septiembre era conceder al presidente autoridad por la vía rápida para las negociaciones sobre comercio, y así contribuir a meter con calzador en el Congreso una Zona de Libre Comercio Panamericana, pensada para ampliar la NAFTA a todo el continente, entre otros fines nefandos.

«Los primeros enemigos aprendieron que Estados Unidos es el arsenal de la democracia -escribió Zoellick-. Los enemigos de hoy aprenderán que Estados Unidos es el motor económico de la libertad, las oportunidades y el desarrollo. A tal fin, es vital el liderazgo estadounidense al promover el sistema económico y comercial internacional. El comercio es algo más que eficiencia económica. Promueve los valores centrales de esta prolongada lucha.»

Zoellick no explica cómo la adopción de una norma de procedimiento destinada a limitar el debate en el Congreso sobre acuerdos comerciales polémicos impulsa los valores democráticos y el estado de derecho que, según él, debe proyectar ahora Estados Unidos.

El gobierno ha decidido que la vía rápida es una de las pocas prioridades legislativas que confía que el Congreso promulgará este año.

Pero la aprobación del procedimiento de vía rápida no es la única prioridad de las grandes empresas para el calendario legislativo que se encoge. Los Fortune 500 lloriquean desde que George Bush fue elegido presidente y los máximos funcionarios de la administración dijeron a la comunidad empresarial que silenciaran su petición de recortes en el impuesto de sociedades hasta que se aprobara otro recorte que aumenta las desigualdades, el del impuesto sobre la renta.

Ya antes del ataque del 11 de septiembre, las empresas y los ideólogos antiimpuestos alborotaban cada vez más afirmando que los recortes del impuesto de sociedades eran la solución a la próxima recesión. Ahora empiezan a alegar que los recortes del impuesto sobre los beneficios del capital y los descuentos en el impuesto de sociedades son un deber patriótico de Estados Unidos.

En la presentación de un estudio que, según se afirma, explica cómo un recorte en los beneficios del capital fomentaría el crecimiento económico, la Unión Nacional de Contribuyentes (NTU) promocionó el recorte en dicho impuesto -una rebaja fiscal que beneficia exclusivamente a los ricos- como una iniciativa antiterrorista. «Reduciendo el tipo que grava los beneficios del capital, el presidente Bush y el Congreso podrían contribuir a revitalizar la economía y obtener nuevos ingresos para Washington, lo que decididamente ayudará a nuestra guerra contra el terrorismo», dijo Eric Schlecht, director de relaciones con el Congreso de la NTU.

Para no ser menos, el senador republicano por Alaska Frank Murkowski apenas esperó para explicar cómo el ataque terrorista hace que sea imprescindible abrir el Refugio Nacional de Vida Silvestre en el Ártico (ANWR). «No cabe duda de que en este momento de emergencia nacional, hay que considerar la posibilidad de introducir un proyecto de ley acelerado sobre energía y seguridad -anunció la semana pasada el senador de Alaska-. Abrir el ANWR será un elemento fundamental para reducir por fin la peligrosa y excesiva dependencia de este país de fuentes de energía extranjeras e inestables», declaró.

Ni Murkowski ni las compañías petroleras que presionan para que se abra el ANWR han podido explicar jamás de forma coherente cómo el uso de las reservas estadounidenses de petróleo mejora la seguridad energética. La seguridad depende del mantenimiento de las reservas. La seguridad y la independencia energéticas reales sólo pueden proceder de las energías renovables (especialmente de la solar y de la eólica), donde la oferta es abundante y se renueva sin fin. Sólo la ausencia de inversión pública y privada hace que el país (y el mundo) no puedan aprovechar eficazmente las energías renovables.

Y, naturalmente, los proveedores de la Guerra de las Galaxias no podían dejar pasar la oportunidad. El Centro para la Política de Seguridad -centro de una red de gabinetes estratégicos y organizaciones respaldadas por la industria de la defensa que presionan a favor de crear un sistema de defensa antimisiles- pidió al presidente Bush antes de su comparecencia ante el Congreso que anunciara que «este gobierno recurrirá a todos los instrumentos a su alcance para garantizar que se dispone de los recursos y la flexibilidad necesarios para desarrollar y desplegar defensas antimisiles.»

Un sistema de defensa antimisiles -aun cuando venciera los obstáculos técnicos que hasta ahora están resultando insuperables, después de miles de millones de dólares gastados- no habría servido de nada para impedir el ataque del 11 de septiembre. Ni serviría de nada para impedir cualquier otro ataque terrorista concebible contra Estados Unidos, ninguno de los cuales conlleva el uso de sistemas de lanzamiento de misiles.

El oportunismo y la cínica manipulación de la tragedia no son nada nuevo en Washington. Pero las propuestas de aprovecharse de la tragedia del 11 de septiembre en favor de estrechos objetivos empresariales alcanza un nuevo mínimo histórico.

Estados Unidos está saliendo de un periodo de luto nacional. Ahora es el momento de proceder con cautela y atención, mientras la nación trata de ocuparse de legítimas preocupaciones relacionadas con la seguridad (por ejemplo, la seguridad de los aeropuertos) y de atender a las víctimas del ataque. No es el momento de hacer propuestas apresuradas sobre asuntos no relacionados esencialmente con el ataque, especialmente si se trata de propuestas perjudiciales e insensatas que no pudieron obtener el respaldo popular ni el del Congreso cuando la opinión pública tuvo la oportunidad de estudiarlas con desapasionamiento y por sus propios méritos.

(*) Russell Mokhiber es editor de Corporate Crime Reporter, con sede en Washington D.C. Robert Weissman es editor de Multinational Monitor, con sede en Washington, D.C. Ambos son coautores de Corporate Predators: The Hunt for MegaProfits and the Attack on Democracy (Monroe, Maine, Common Courage Press, 1999).