Augusto Zamora: Ataque a EEUU: De terrorismo, paz internacional, ética y derecho (I)

No dejan de sorprender las voces que proclaman, dentro y fuera de EEUU, casi con alegría, que el mundo será llevado a una guerra larga y costosa que afectará a muchos países. Países sin nombre, salvo un Afganistán demonizado y privado del derecho a la defensa. Países sin nombre, pero habitados por seres humanos tan inocentes como las víctimas del atentado en Nueva York o como cualquier otro ciudadano de América, Europa o África. Personas ocupadas en atender sus extensas penurias cotidianas. Inocentes y, al propio tiempo, condenados a sufrir y morir por gobiernos de países que se dicen civilizados.

Pareciera que el atentado terrorista sufrido por el poder estadounidense se hubiera llevado por delante, no solamente las Torres Gemelas de Nueva York y parte del Pentágono, sino todo el ordenamiento jurídico internacional, el vapuleado sistema de Naciones Unidas tan próxima físicamente al lugar de la catástrofe- y los principios legales, morales y éticos sobre los que Occidente pretende cimentar la superioridad de su sistema político, económico y social sobre otros sistemas existentes en el mundo. Vale en esta coyuntura recuperar una vieja y sólida norma tomada del Derecho Romano. Nemo iudex in causa sua. Nadie puede ser juez de su propia causa. Ardua y esencial conquista del Derecho y la Humanidad. Sustraer la aplicación de la justicia de las manos de la víctima que, por sus propias condiciones, nunca podría ser objetiva ni imparcial.

La Corte Permanente de Justicia Internacional la citaba en 1925, en el caso de la Frontera entre Turquía e Irak. Cordell Hull recordaba en sus Memorias que el presidente Franklin D. Roosevelt, cuando negociaba con Stalin el futuro sistema mundial, se opuso a que las partes en una controversia tuviera derecho a voto en el Consejo de Seguridad, «por ser contrario a las reglas más elementales de la justicia civil y a los principios establecidos por los fundadores del sistema americano». Si reconocerle voto a la parte en una controversia se consideraba contrario a las reglas elementales de la justicia, cuánto más puede serlo que la parte afectada por un acto criminal por atroz que éste sea- se erija en juez y ejecutor, por muy comprensible y justificada que sea o pueda ser la causa.

También recordar que el sistema de seguridad colectiva de NNUU, creado para garantizar la paz y seguridad internacionales, concentró en el Consejo de Seguridad el monopolio de la amenaza y el uso de la fuerza. Este sistema permanece vigente y sigue siendo la única garantía para los países débiles para resguardarse del atropello de los poderosos.

EEUU ha puesto en marcha una maquinaria militar contra enemigos invisibles que carecen de rostro y de entidad física, excepción hecha de Afganistán y del ya condenado Osama Bin Laden (privado del principio esencial de la presunción de inocencia: todos lo somos hasta que no se demuestre lo contrario). Hay otras muchas singularidades que merecen citarse. Por vez primera en la historia un poder imperial se lanza a una guerra no contra otros poderes o alianzas estatales, sino contra organizaciones clandestinas de múltiples e inciertas ramificaciones y complicidades. Por vez primera estaríamos ante una guerra con escenarios inciertos y a escala planetaria.

Bastará que un Estado sea acusado de encubrir, proteger, amparar o financiar movimientos terroristas para ser convertido en objetivo de la aplanadora bélica. Asistiríamos a una especie de macarthismo a escala mundial, en el que cualquier instancia de poder de EEUU -Congreso, Ejecutivo o prensa- se vería legitimada para acusar a países y personas de terroristas o filoterroristas y, de esa guisa, convertir a un país en objetivo militar o destinatario de sanciones y represalias y a las personas discrepantes en candidatos al ostracismo o la cárcel. No sería la primera vez que un atentado criminal sirve para derrocar gobiernos desafectos y justificar tiranías, persecuciones, censuras y autocensuras ante el temor de verse criminalizado. En ese escenario de incertidumbres y servidumbres sospechosos podríamos ser todos. EEUU ha sido un país con propensión a campañas moralistas y batallas bíblicas totales entre el Bien y el Mal, herencia de su tradición puritana. En los años 20 se lanzó a una cruzada contra el alcohol, tan recreada por el cine, que derivó en una fiesta para traficantes y mafias. De poco sirvieron los intocables de Elliot Ness ante la red de corrupción y beneficios millonarios que dejaba el contrabando de bebidas alcohólicas. En los años 80, el presidente Reagan decía que durante su gobierno se daría el Armagedón, el combate final entre el Bien y el Mal.

En el presente asistimos a una estéril batalla contra el narcotráfico, que ha consumido miles de millones de dólares y provocado la militarización de la lucha contra los cárteles que operan en la región. El último escalón, el Plan Colombia, amenaza con extender el conflicto a los Estados limítrofes, sembrando alarma en la zona, donde hay conciencia de que la raíz del narcotráfico radica en su persecución, así como en el hambre del campesinado y la miseria de los suburbios que rodean las ciudades.

Las decenas de miles de guardias, policías y agentes destinados a combatir a los cárteles, y los satélites, cercas electrificadas, bases y centros de espionaje destinados a proteger el territorio de EEUU, se han revelado inútiles. Cada año, centenares, si no miles de toneladas de cocaína inundan ese mercado, dejando beneficios multimillonarios a los grandes capos, que no son latinoamericanos. Es, simplemente, imposible blindar los 8.000 kilómetros de fronteras terrestres que tiene EEUU con México y Canadá y vigilar los 7.000 kilómetros de costa que tiene la superpotencia, sin contar las decenas de miles de aeródromos y aeropuertos. El Aquiles estadounidense está saturado de talones que orada diariamente el narcotráfico.

*Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid