Editorial: España: La LSSI, un globo sonda

Su sigla produce escalofríos: LSSI. Detrás de estas cuatro letras (con doble ese incluida) se esconde una ley cuyo anteproyecto ha levantado un gran revuelo en la red española, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Se trata de un texto legal que, a partir de una directiva de la Unión Europea, pretende regular la actividad informativa y comercial en Internet.

El asunto no tendría mayor importancia si no fuera porque el gobierno español demuestra una increíble ignorancia en lo que respecta a las nuevas tecnologías y una malicia no inferior a la hora de poner en marcha sus proyectos legales.

La tarea de levantar todo el tinglado ha recaído en una de las figuras más frías y calculadoras del ejecutivo de José María Aznar, Anna Birulés. La ministra de Ciencia y Tecnología, fiel servidora del Gobierno en la pseudoliberalización del mercado de las telecomunicaciones, ha puesto sobre la mesa un texto que ha levantado las iras de la comunidad internauta más activa. Y no es de extrañar.

De entrada, el nombre de la ley sitúa la información a la misma altura que el comercio electrónico, como si leer un diario fuera equiparable a comprar una consola, y no distingue entre la figura de la tienda electrónica y una simple homepage de un aficionado al ajedrez, por poner dos ejemplos. Todo en el mismo paquete y a un precio muy alto.

Además, la ley exige el registro de todo sitio web que perciba dinero por la prestación de sus servicios: ya no basta con ser una empresa; también hay que figurar en el registro correspondiente. Esta premisa no sólo podría asfixiar económicamente a las pequeñas publicaciones que financian una parte de sus gastos con inserciones publicitarias, sino beneficiar de paso a las grandes compañías, las de siempre, las legales, que ya no saben qué hacer para trasladar su negocio a la red sin darse reiteradamente de bruces contra la Bolsa, el mercado o el simple y llano desconocimiento del medio electrónico.

Para terminar, y como colofón a un largo número de despropósitos, la LSSI despoja a los jueces de la autoridad para decidir qué es libertad de expresión y qué es delito, y la sitúa en el regazo de la Administración. «Donde debe estar», que diría el presidente.

Pero el mayor peligro no está en la ley, sino en los propios internautas. La desorganización de los movimientos de protesta y el hecho de que la crítica haya comenzado en la fase de anteproyecto -lanzado por el gobierno como globo sonda- podría restar fuelle a la verdadera protesta, en el Parlamento o en las calles.