Gino Costa Santolalla: Los desaparecidos del Perú

Hace un poco más de tres años doña Angélica Mendoza de Ascarza y otros representantes de la Asociación Nacional de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos en Zonas Declaradas en Emergencia (ANFASEP), se acercaron a nuestras oficinas en Ayacucho para solicitarnos iniciáramos una investigación sobre los desaparecidos en ese departamento. Nos dijo que su hijo Arquímedes de 19 años era uno de ellos, que cuando acababa de terminar la secundaria y se preparaba para entrar a la Escuela de Policía, una noche ya lejana, pero muy viva en su memoria, miembros de las fuerzas del orden incursionaron violentamente en su casa y en presencia de toda la familia se lo llevaron a patadas. Dos semanas después recibió de Arquímides una nota escrita de su puño y letra en la que le pedía que consiguiera plata para contratar a un abogado que lo defendiera.

El portador de la nota había estado detenido con él en el Cuartel Los Cabitos y fue testigo de que, como a todos los detenidos, a Arquímedes también lo habían maltratado duramente. Esta llamada de auxilio, escueta pero digna, fue lo último que doña Angélica supo de él. Después el silencio, no sólo de Arquímedes sino de todas las autoridades ante las que acudió pidiendo ayuda, solicitando una explicación, rogando un poquito de comprensión. Hasta hoy. ¿Responderemos nosotros también con el silencio al pedido de ANFASEP, nos preguntamos en la Defensoría? ¿Permitiremos que Arquímedes siga siendo una inevitable baja más en la guerra contra la subversión, cuyo fatal destino y el de su familia ni nos toca ni nos compete? ¿O le daremos paso a la palabra para rescatar del olvido aquella noche trágica de julio del 83 y la pesadilla que su familia vive desde entonces? Respondernos no fue difícil, no sólo por la compasión que genera doña Angélica y su causa sino porque atender su pedido era lo que correspondía a una institución de defensa de los derechos humanos.

Es verdad que la Defensoría inició sus labores con una mirada en el futuro, sin afán de escrudriñar sobre las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente. Pero no es posible desentenderse del pasado, porque, más allá de nuestra voluntad, los problemas que heredamos del pasado serán nuestros problemas mañana sino los resolvemos hoy. Por ello alentamos la creación de la Comisión Ad-hoc y contribuimos a lograr la libertad de muchos inocentes en prisión. Por ello creamos el Programa de Poblaciones Afectadas por la Violencia Política y propiciamos la reconciliación en las zonas donde el co nflicto armado fue más intenso. Y por ello atendimos el pedido de ANFASEP, e iniciamos una investigación, cuyos resultados hoy le entregamos a ella y al país. Pretendemos con ello contribuir a rescatar el pasado del olvido, para así atender las Demandas de verdad y justicia de doña Angélica y de cientos y miles de esposas, hijos y madres como ella. Sus demandas son actuales, sólo que sus orígenes los debemos encontrar en los años de la guerra, que probablemente constituyen el episodio más penoso de nuestra historia contemporánea. En su epicentro, una cruel e injustificada guerra desatada por Sendero Luminoso cuando nos apretábamos a sentar las bases de un nuevo esfuerzo de convivencia democrática, a la que se sumaría después el MRTA.

Es imposible entender todo lo ocurrido después de 1980, incluyendo por tanto el drama de los desaparecidos, sin tomar en cuenta la pers istente violencia y destrucción llevadas a cabo por Sendero Luminoso y por el MRTA, no sólo contra nuestra infraestructura física y nuestras nacientes instituciones democráticas, sino contra miles de civiles inocentes.No es pues fácil revivir el pasado reciente; en efecto, la mayoría preferiríamos no tener que recordarlo. Otros, los menos, tienen buenas razones para mantenerlo enterrado. Son los que quisieran hacernos creer que ese ejercicio reabriría innecesariamente las heridas, cuando precisamente la única manera de comenzar a cerrarlas es mirándolas de frente y de cerca, con los ojos bien abiertos, por más desagradables que ellas sean y por más mal que nos veamos retratados.

Es lo que persigue el informe que nos ocupa y que refleja un paciente trabajo de reconstrucción de por los menos dos años y medio, llevado a cabo por un reducido pero calificado equipo integrado mayoritariamente por jóvenes mujeres dirigido por la Dra. Ana María Tamayo. Para atender el pedido de ANFASEP optamos por organizar, sistematizar y analizar la información contenida en el único archivo de carácter público que, sobre las violaciones a los derechos humanos después de 1980, existe en el Perú.Se trata del archivo de las denuncias recibidas por el Ministerio Público y que este transfirió a la Defensoría del Pueblo cuando esta se estableció en 1996. La labor involucró la revisión de 12000 expedientes, de los cuales se seleccionaron aproximadamente la mitad que contenían un total de 7500 denuncias por desapariciones forzadas. Nuestra investigación indica que, si la información del Ministerio Público es exacta, los desaparecidos en el Perú serían hoy por los menos 4022 personas. Podrían eventualmente ser más, porque hay otras mil denuncias que no contienen información suficiente como para presumir razonablemente que la supuesta víctima desapareció y porque instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como Naciones Unidas y la OEA, cuentan con casi dos mil quinientas denuncias no registradas ante el Ministerio Público.Cualquiera que fuera la cifra definitiva -lo que tendrá que ser establecido en una segunda fase de esta investigación- estamos hablando de miles de familias a las que, como a doña Angélica, les arrancaron a un ser querido para siempre.

De la misma manera violenta y arbitraria en que le arranca ron a Arquímedes, con el mismo propósito de intentar obtener a través de la tortura alguna información, antes de eliminarlo. Todo esto rodeado del más absoluto silencio sobre su paradero, violando así no sólo los más elementales derechos de las víctimas directas, sino los de sus familiares dejados en la desolación e incertidumbre.La gran mayoría de víctimas son hombres, muy jóvenes, muy pobres, muy andinos y muy campesinos, además de quechua hablantes, es decir, el típico peruano a quien se ha tratado siempre como ciudadano de segunda categoría, abusado, marginado, eventualmente prescindible. Por eso los detuvieron arbitrariamente, los torturaron, les negaron su derecho a defenderse, los eliminaron.El volúmen de las denuncias, el lapso transcurrido desde la detención y los testimonios de quienes fueron liberados sin ser ejecutados, indican que se trató de un fenómeno que ocurrió en casi todo el territorio nacional, sin interrupciones, entre 1980 y 1996. Si bien este se concentró en la Sierra Central -en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Junín-en donde ocurrieron el 75% de las desapariciones forzadas, fue, no obstante, un fenómeno nacional, pues números significativos de denuncias se registraron en 18 de los 24 departamentos del país.Aunque se desapareció de manera constante entre 1980 y 1996, hubo momentos en que las desapariciones se intensificaron, como durante 1983 y 1984, luego que las Fuerzas Armadas asumieran la responsabilidad del orden interno en Ayacucho. Hacia 1989 y 1990 el recurso a esta práctica adquiriría nuevos niveles de intensidad. Entre 1990 y 1992 se siguieron recibiendo denuncias, que comenzaron a caer abruptamente luego d e que se desarticulara a las organizaciones subversivas.

Del análisis de la evidencia disponible se ha podido establecer una relación directa entre la actividad de las organizaciones terroristas y los escenarios de confrontación armada, la vigencia de estados de emergencia, la existencia de comandos político-militares al mando de las Fuerzas Armadas y la práctica de la desaparición forzada de personas, atribuida por los denunciantes mayoritariamente a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército, o a estructuras bajo su control. No existe un solo departamento en que ocurriera la desaparición forzada fuera de este marco normativo especial.Considerando la organización jerárquica de las instituciones armadas y la dimensión del fenómeno, es posible presumir que las desapariciones forzadas habrían respondido, como en otros países de la regió n, a las estrategias diseñadas por los altos mandos militares y que habrían constituido un instrumento de lucha contrasubversiva. De comprobarse esta presunción, las desapariciones no habrían sido ni excesos, ni hechos aislados, como se ha dicho hasta ahora. En ese caso existirían no sólo responsabilidades individuales, sino políticas e institucionales, que será necesario establecer.Frente a estos abrumadores hechos, la justicia se mostró inoperante, indiferente, ajena al drama. El Ministerio Público se limitó a registrar las denuncias. El número de denuncias que llegaron al poder judicial es ínfimo, y que se recuerde, nadie fue condenado por estos delitos.

Las actuaciones realizadas, más bien formales, revelan no sólo un distanciamiento y una falta de sensibilidad humana, sino una cierta parálisis institucional, derivada de la precariedad de recursos y de un contexto de violencia y militarización en el que las instituciones del Estado de derecho sólo podían operar muy limitadamente y con grandes restricciones, salvo las honrosas excepciones de fiscales probos y valientes que cumplieron cabalmente con sus funciones, como el caso de los doctores Clodomiro Chávez Valderrama y Carlos Enrique Escobar Pineda. Estas fueron las limitaciones reales de nuestra última experiencia democrática, en la que las instituciones del Estado de derecho no funcionaron en buena parte del país, donde prevalecieron estructuras militares de poder incompatibles con ellas.Este es el cuadro desolador que arroja nuestro estudio. No todo, sin embargo, fueron sombras. Ante la indiferencia general y el negro manto del olvido impuesto por la sociedad, destacan los esfuerzos heroicos de doña Angélica y de otros familiares agrupados en ANFASEP y en el Comité de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Refugiados de Lima (COFADER) para exigir tercamente luz, verdad y compasión. En los años más difíciles, cuando la lucha por el respeto a la vida de muchos jóvenes como Arquímedes era una actividad peligrosa, susceptible de ser calificada como propia de quintacolumnistas, muchos defensores de los derechos humanos -quizás representados emblemáticamente por Pilar Coll, ex-Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos- tuvieron la valentía de levantar su voz junto con la de los familiares de las víctimas.

Esperamos que el informe contribuya a persuadir, a sensibilizar, a exigir que se les de una respuesta a los familiares de las víctimas sobre lo más importante para ellos: saber que ocurrió con sus seres queridos y dónde están, para que puedan p or lo menos darles cristiana sepultura. Son las instituciones públicas, especialmente aquellas señalados en las denuncias estudiadas como responsables por las desapariciones forzadas las que tienen la palabra para decirles dónde están y, esperamos, para pedirles perdón. Y son sólo los familiares quienes podrán concederlo, después de que, claro está, se conozca la verdad, sepulten a sus muertos, se haga justicia y se repare el daño causado. Para que ello ocurra es preciso que estos hechos se investiguen por una Comisión de la Verdad, que de cuenta de las violaciones a los derechos humanos y de los gravísimos crímenes cometidos por Sendero Luminoso y el MRTA durante las dos últimas décadas.

Asimismo, las desapariciones forzadas deberán ser investigados por las instancias jurisdiccionales, razón por la que recomendamos, junto con los órganos competentes de Naciones Unidas y la OEA, la derogatoría de la ley de amnistía de 1995.Creo que si no se atienden estas recomendaciones, lo que es improbable, igual estaría expedito el camino a que la justicia investigue esos hechos, pues de acuerdo a la doctrina imperante, el delito de desaparición forzada es de carácter continuado o permanente, es decir, que se sigue cometiendo mientras el cuerpo de la víctima no aparezca. Por ello, en el caso de las personas que siguen desaparecidas, el delito se sigue cometiendo en este mismo instante y, por tanto, la protección de la ley de amnistía no cubre a sus responsables.Hay quienes, no necesariamente de mala fe, han dicho y volverán a repetir que estos crímenes se cometieron en medio de una guerra, -contra un enemigo cruel y feroz, agregamos nosotros- de la que salimos victoriosos. ¿No justific an, acaso, estas circunstancias, el perdón y el olvido? A nivel internacional cada vez es más aceptada la opinión de que las desapariciones forzadas son delitos tan graves que n deberían ser objeto de amnistías.

Justificar la violación de la ley, dónde la ley no lo hace, no es un buen ejemplo para la vida civilizada en sociedad, sobre todo si recordamos que hasta la guerra tiene leyes y dichas leyes no permiten las desapariciones forzadas bajo ninguna circunstancia. Perdonar sin hacer justicia sería además dejar las puertas abiertas para que en el futurosurgieran nuevas circunstancias en las que el delito sea justificable, con lo cual contribuiremos a seguir siendo una república donde quien tiene poder se siente por encima de la ley, es decir, por sobre las reglas de convivencia humana. Por que sabe que no hay castigo alguno por actuar al margen de la ley.Creo que si perd onar es bueno y necesario en las circunstancias debidas, olvidar puede ser peligroso, porque los pueblos que olvidan fácilmente su historia suelen no aprender las lecciones de ella y con frecuencia vuelven a repetir los mismos errores.Iniciar la transición democrática con un borrón y cuenta nueva sería no sólo incoherente, sino contraproducente. La democracia es, entre otras cosas, la afirmación de la ley como un freno a los abusos, vengan de donde vengan; y la justicia es la garantía de que la ley no será un saludo a la bandera o un límite que se irrespeta -siempre a costa de otros, por supuesto- cuando nos conviene. Por ello, sería fatal que nuestros líderes democráticos convaliden hoy los atropellos del pasado, porque ello anunciaría la precariedad de nuestra nueva fase democrática y la fragilidad de sus cimientos.No ignoro las dificultades que estas decisiones entrañan. Una buena solución demandará escuchar a todas las partes interesadas, con respeto y comprensión, y mucha imaginación política para llegar a acuerdos y reconciliar diferencias. Pero será importante que hagamos todo lo necesario para que cuando de acá a diez, quince o veinte años nuestros hijos o nietos, según el caso, nos pregunten qué hicimos para sentar las bases definitivas de una convivencia civilizada en el Perú después de las atrocidades de la guerra, tengamos por respuesta algo más que muy poco o nada.